Durante los últimos 12 meses, 745 estudiantes han sido expulsados de sus establecimientos, según cifras entregadas por la Superintendencia de Educación en el marco de la tramitación del proyecto Aula Segura.
Según publicó La Tercera, en promedio seis alumnos salen de las aulas por semana, entre expulsiones inmediatas y cancelaciones de matrículas, producidas al término del año escolar.
Al desglosar los casos, el 49 por ciento de estos ocurrió por agresiones de estudiantes a sus compañeros, mientras que solamente un 14 por ciento corresponde a violencia contra docentes o asistentes de la educación.
Mientras tanto, un 37 por ciento fue por motivos de gravedad, como el consumo o tráfico de drogas o el porte de armas.
Nicole Cisternas, directora de Política Educativa de Educación 2020, plantea que estas cifras "muestran que la violencia escolar es un problema y que es multidimensional. La evidencia muestra que para abordar esto se necesitan programas que contemplen a los distintos actores".
"Estos datos fundamentan toda la discusión de que Aula Segura, en su primera versión, era un proyecto insuficiente para dar respuesta a la violencia escolar", añadió.
Por su parte, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, Ignacio Illanes, asegura que es necesario tratar la gravedad de estos hechos de violencia, ya que "han empezado a repetirse y perturban muy seriamente la vida escolar. Sin duda, es necesaria una señal política y legal contra la violencia, que devuelva mayor autoridad a los directores y que acote las expresiones estudiantiles a márgenes razonables".
"Hay que dejar espacio a las reglamentaciones internas, para que reflejen los diferentes sellos educativos. Por eso, entiendo que las autoridades hayan querido acotar la discusión a un punto específico y crítico: los hechos de violencia grave, que no son aceptables en ningún colegio", aseveró.