La acción penal, dirigida "en contra de quienes resulten responsables", apunta a irregularidades en la adjudicación, en 2017, de la mantención de un horno de Chuquicamata.
Máximo Pacheco, presidente de la cuprífera, aseguró que se enteró "a través de la prensa".
Un caso de defraudación fiscal tiene en la mira a la estatal Corporación del Cobre (Codelco), la mayor cuprífera del mundo, por presuntas irregularidades en la licitación de la mantención del "horno flash" de la División Chuquicamata, en que se vislumbra un perjuicio fiscal que se eleva a los 12.800 millones de pesos.
Los hechos que se acusan se remontan a 2017 y los antecedentes ya se encuentran en manos del Ministerio Público, a raíz de una querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, según reveló hoy el medio digital Interferencia.
De acuerdo con el artículo, en la acción legal, dirigida "en contra de quienes resulten responsables", el organismo aseguró que existió "un entramado de conductas dolosas" que perjudicó los intereses del fisco, tal como lo estableció una auditoría secreta de la también estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
El CDE detalló que la empresa que ganó la licitación de la mantención del horno, Outote, fue favorecida pese a que ingresó su oferta a destiempo, ganando el proyecto por más de 8.400 millones de pesos con una duración de cuatro meses, deslizando que la coincidente demora le habría permitido conocer con antelación las propuestas de la competencia.
Según Interferencia, la querella expuso también irregularidades en la ejecución del trabajo, pagos sin justificación e, incluso, sugirió la existencia de coimas a funcionarios de la minera, sin mencionar nombres ni cargos.
Este lunes, en la junta de accionistas de Codelco, el tema se trató de forma escueta. Requerido por la prensa, el presidente del directorio de la curpifera, Máximo Pacheco, aseguró que se enteró de la querella del CDE "a través de la prensa".
El exministro de Energía y titular de la estatal desde 2022 señaló que "es un caso que surgió en el año 2017. Fue una denuncia que hizo el gerente general en ese momento de Chuquicamata, que generó una investigación y auditoría interna nuestra. Después hubo una investigación de Cochilco, entiendo también que hubo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y, finalmente, hoy día hemos sido informados que el CDE ha iniciado una querella por este caso".
"Nos estamos informando de qué se trata para entender exactamente de qué manera podemos contribuir con esta información que está solicitando el CDE", añadió Pacheco.
Desde el Gobierno, la ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que "las instituciones deben funcionar" y advirtió que "cualquier hecho que no corresponda a una administración eficiente y transparente, como corresponde, en particular, a la administración de las empresas públicas, naturalmente que nosotros lo vamos a rechazar".
"Lo que aspiramos", dijo la secretaria de Estado, "es a que Codelco aplique todas las sanciones en caso de resultar tal cual como hoy lo leímos en la prensa".
"No tenemos más información hasta este momento", cerró.
