La sobreestimación de casi 27 mil toneladas de cobre en diciembre abrió cuestionamientos a ejecutivos de la estatal y motivó llamados a investigar eventuales responsabilidades penales.
Parlamentarios exigen aclarar el rol de ejecutivos y eventuales sanciones.
La crisis desatada en Codelco por la sobreestimación de cifras de producción de cobre durante diciembre de 2025 sigue escalando y ya impacta directamente a miles de trabajadores de la minera estatal.
El reporte, que habría inflado en cerca de 27 mil toneladas la producción informada durante ese mes, provocará que más de seis mil trabajadores deban devolver los bonos asociados al cumplimiento de metas, en una restitución que alcanzaría aproximadamente los 14,3 millones de dólares.
Debido a ello, algunos sindicatos plantearon la posibilidad de movilizaciones o incluso realizar un paro, medida que descarta la Federación de Supervisores de Codelco (Fesuc) que apunta a resolver el conflicto mediante diálogo con la empresa.
El presidente de la Fesuc, Enés Cepeda, aseguró que los trabajadores no tuvieron participación en las decisiones que derivaron en el error.
"Los supervisores y trabajadores no tenemos responsabilidad frente a las definiciones superiores. Estas son definiciones de ejecutivos y, en ese sentido, nosotros no tenemos responsabilidad; sin embargo, nos afecta", afirmó.
Pese a ello, sostuvo que existe disposición a devolver los montos recibidos de manera indebida. "Lo más probable es que la madurez de los trabajadores indique que, desde el punto de vista ético, tenemos que devolver el dinero pese a que ya lo hayamos gastado", señaló.
Cepeda además descartó paralizar las operaciones de la estatal por esta situación.
"Llamar a un paro en Codelco tendría que ser por una causa absolutamente fundada, contundente, rotunda, que justifique parar la faena. Esta no sería el caso", agregó.
El dirigente también indicó que esperan una explicación formal de la empresa sobre lo ocurrido y las responsabilidades involucradas.
María Francisca Montenegro, social de RMR Laboral, explicó a Cooperativa que efectivamente la empresa puede solicitar el reintegro del bono porque "están contractualmente establecidos y, por lo tanto, si no se reúnen las condiciones o está mal calculado sobre las bases de las condiciones contractuales, es posible establecer que se pagó de más y pedir la devolución".
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la ley laboral, indicó la especialista, "establece máximos mensuales para descontar por remuneración". Es decir, "no pueden descontar el 100 por ciento del salario, aunque deba toda la remuneración".
Montenegro detalló además que incluso hay diferenciales por conceptos, según establece el artículo 58. Por ejemplo, precisó, "para vivienda se permite un máximo de 30% de la remuneración mensual".
"Pero cuando no proviene de nada de eso, el tope máximo mensual que se puede descontar de la remuneración es el 15%, hasta cumplir la deuda por todos los meses que quedan", agregó.
Montenegro, finalmente, planteó que en el caso de que los trabajadores no acepten la devolución del bono, la empresa debería recurrir por la vía civil, proceso "que es sumamemente largo".
Lo mismo ocurre cuando son despedidos antes de terminar el reintegro de ese dinero. Si el trabajador no autoriza que sea descontado en el finiquito, la empresa -en este caso Codelco- puede acudir a tribunales civiles, debido a que los juzgados laborales "se han declarado muchas veces incompetente para conocer de las deudas de trabajadores a empleadores".
Desde el Congreso, el caso generó fuertes cuestionamientos y llamados a investigar el eventual rol de ejecutivos y miembros del directorio de la estatal.
El senador socialista Juan Luis Castro afirmó que el caso debe llegar incluso al Ministerio Público.
"Los bonos más grandes, sin lugar a dudas, se los llevan los ejecutivos. Y aquí quiero hacer una separación, porque los ejecutivos, los que manipularon esta información -y que yo no creo que hayan sido pocas personas-, eso se tiene que aclarar", sostuvo.
El parlamentario planteó además la necesidad de una comisión investigadora y afirmó que la situación "debe llevarse hasta la Justicia".
"No puede haber un bochorno de esta magnitud generando expectativas y cifras totalmente alejadas de la realidad, porque aparece una imagen de desorden", criticó.
Pese a ello, Castro advirtió que el caso no debe utilizarse para abrir debates sobre una eventual privatización de la empresa estatal.
En paralelo, desde la Comisión de Minería de la Cámara Baja también solicitaron revisar eventuales responsabilidades administrativas y penales.
El diputado Daniel Valenzuela (ind-RN) señaló que buscan que la Contraloría General de la República y Cochilco revisen el caso para verificar que los recursos que recibe el Estado correspondan a las cifras reales de producción.
"La pregunta es: ¿quién cometió el error?, ¿qué sanciones van a tener?", planteó.
En la misma línea, el senador Renzo Trisotti (Republicanos) calificó lo ocurrido como "gravísimo" y pidió recuperar la confianza en la estatal.
"Estamos hablando del sueldo de Chile. Codelco necesita transparencia, control y volver a generar confianza en todos los chilenos", sostuvo.
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