La cuprífera estatal solicitó terminar la relación con 20 trabajadores de Chuquicamata y dos de Radomiro Tomic.
La compañía también presentó querellas por el delito de estafa en presuntas irregularidades en la negociación de seguros.
Codelco estima un perjuicio económico cercano a los 20 millones de dólares.
Dirigentes sindicales de Codelco apuntaron a una posible represalia y que la empresa quiere enlodar su imagen luego que la cuprífera estatal pidiera el desafuero de 20 trabajadores de Chuquicamata y dos de Radomiro Tomic por el supuesato pago de sobreprecios en seguros de vida.
La compañía también presentó querellas por el delito de estafa en presuntas irregularidades en la negociación de pólizas con la empresa Chilena Consolidada, lo que habría causado un perjuicio económico cercano a los 20 millones de dólares, debido al incremento injustificado de 68 por ciento en su valor.
El presidente Sindicato 3 de Chuquicamata, Rolando Milla, precisó que la renovación de los seguros se realizó con la venia de los ejecutivos y abogados de la minera, ya que "los ejecutivos le recomiendan al abogado, el abogado recomienda para abajo, llega al gerente de Recursos Humanos, en este caso Luis Galdames Cisterna, quien avala, aprueba y firma todo y llega la documentación de Chilena Consolidada al sindicato".
"¿Dónde fallamos los dirigentes sindicales? ¿En qué estamos fallando? Nos enlodaron a nivel país, ensuciaron nuestra imagen. Que bueno que Codelco esté haciendo todas estas investigaciones, porque tienen que investigar todo", remarcó el dirigente.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, no descarta designar a un fiscal especial para seguir adelante con esta investigación relativa a un eventual fraude.
"Entiendo que se presentó la querella en el Tribunal de Garantía de Calama. Debe proveerla dicho tribunal y luego remitirla al Ministerio Público. Después, cuando esté en nuestras manos, veremos si esa investigación queda radicada en la Fiscalía de Calama, o si bien, es necesario designar a algún fiscal regional que se haga cargo de los hechos denunciados", puntualizó.
Descartan presunta devolución de dinero
En tanto, Alberto Muñoz, director del Sindicato 1 de Chuquicamata, reveló que la solicitud de desafuero es una respuesta de la compañía a la huelga de hambre que desarrollan un grupo de trabajadores de la mina debido al incumplimiento de compromisos pactados y al desgaste de las relaciones laborales.
En la demanda presentada por Codelco se menciona que hubo devoluciones de dinero por parte de Chilena Consolidada a las organizaciones sindicales, los que podrían haber redundado en presuntos beneficios económicos indebidos para los dirigentes, lo que rechazó el representante del Sindicato 1.
"Lo descartamos rotundamente. Jamás, por lo menos en nuestro sindicato, ha habido un cheque directo a un dirigente sindical, eso es falso. Todo esto que está haciendo Codelco es por el tema que tenemos en el edificio corporativo, donde hay una cierta cantidad de dirigentes sindicales en huelga de hambre y esto apunta simplemente para desaparecer el mundo sindical", aseguró Muñoz.
La demanda de la minera estatal también solicita decretar la separación provisional de los trabajadores afectados, sin goce de remuneraciones, y que sean condenados en costas, por lo que los dirigentes sindicales no descartan presentar contrademandas.
Asimismo, una declaración pública del consejo directivo nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre reafirma la posición de los trabajadores.
"En orden a que la probidad y la transparencia deben regir las acciones y conductas de la principal empresa del Estado de Chile, pero también con la misma fuerza y convicción rechazamos los despidos de ex dirigentes sindicales", remarca.
El escrito añade que "como Federación, confiamos en el planteamiento de los sindicatos aludidos y en la presunción de inocencia de sus dirigentes y la disposición declarada de aportar todos los antecedentes necesarios para el proceso de investigación judicial".
Codelco, además, mantiene otro lío judicial con su ex presidente ejecutivo Nelson Pizarro, a quien se le acusa de haber beneficiado, durante su gestión, en un contrato a un ex socio de su hijo.
