Alvaro Toro recalcó que cualquier chileno debe tener derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Este miércoles siguen los alegatos por recursos de protección que mantienen paralizado el proyecto.
Este miércoles siguen los alegatos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Uno de los abogados de las comunidades del Huasco que se oponen a la termoeléctrica Punta Alcalde, Alvaro Toro, espera que la Corte Suprema ratifique la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó que suspendió el proyecto apuntando a resguardar "garantías constitucionales".
Toro, quien junto a su par Cristián Mora alegarán este miércoles ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema respecto a los tres recursos judiciales que mantienen detenido el proyecto, aseguró que la termoeléctrica afecta las garantías constitucionales de las personas.
"La Corte de Apelaciones sostuvo claramente que estamos hablando de un proyecto que genera un impacto al medio ambiente. Vamos a reiterar que lo que tiene que hacer la Corte Suprema es ratificar fundadamente el fallo de la Corte de Apelaciones en el sentido que este proyecto es un afectación directa a la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación", dijo el jurista.
El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, reclamó que el Gobierno contratara al abogado Jorge Bofill para entregar los argumentos del Gobierno ante el máximo tribunal.
"Nos llama la atención que el Comité de Ministros, que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), teniendo sus equipos jurídicos, haya contratado a abogados externos de mucho renombre para llevar esta causa", manifestó el jefe comunal.
"Nos preguntamos de donde salen esos recursos de todos los chilenos, pero estamos confiados en que lo que ha sentenciado la Corte de Apelaciones de manera unánime de declarar esta actuación del Comité de Ministros de manera ilegal, irracional y arbitraria es lo que ha justificado estos procesos judiciales", resaltó.
El equívoco que acusa Bofill
Por contraparte, el aludido abogado Bofill insistió que la decisión del Comité de Ministros de aprobar la termoeléctrica, que había sido rechazada por los organismos regionales, no fue política sino técnica.
"En los recursos y en la sentencia de la Corte de Apelaciones se cuestionaba que el Comité de Ministros hubiera ponderado nuevos antecedentes, nuevos en el sentido que no estuvieron durante la evaluación (ambiental) en la región. Lo cierto es que la ley faculta explícitamente al Comité para solicitar informes técnicos, por lo que en esa parte de la sentencia la Corte estaba equivocada", indicó el abogado.
"El Comité solicitó un informe al Servicio de Evaluación Ambiental para que modelara el eventual impacto de la central y sobre esa base se establecieron las medidas de mitigación", manifestó.
