Justicia revisará legalidad de la decisión del Consejo de Ministros de aprobar su construcción.
Recurso acogido por la Corte fue presentado por organizaciones sociales de Huasco.
La Sala de Cuentas de la Corte de Apelaciones de Santiago admitió a trámite el recurso de protección que el viernes pasado interpusieron diferentes organizaciones sociales y también autoridades y parlamentarios de la provincia de Huasco en contra de este proyecto termoeléctrico.
Esta acción considera ilegal y arbitraria la decisión del Consejo de Ministros del Gobierno, que el 3 de diciembre pasado revirtió el rechazo de las autoridades regionales de Atacama a la construcción del proyecto.
El presidente de la Corte, Patricio Villarroel, explicó que "el trámite legal que corresponde es que se pide un informe a la recurrida, en este caso es la empresa, y ella informará. Tiene un plazo determinado y si se estima procedente pedirle al Gobierno, también se lo va a solicitar y ahí resolverá la Corte si procede o no procede el recurso de protección, si lo acogen o lo rechazan".
El abogado que presentó el recurso, Alvaro Toro, detalló que "se ha transgredido gravemente la igualdad ante la ley, el proceso de evaluación mismo se transgrede y también como resultado de esta aprobación se afecta la garantía constitucional de vivir en un medioambiente libre de contaminación y la garantía constitucional del derecho a la vida".
"Todos los antecedentes que tenemos en la mano, y que en su momento también los tuvo en consideración la autoridad regional para rechazar el proyecto, dicen relación que la contaminación ya en la comuna de Huasco es muy elevada", agregó el profesional.
Proceso en marcha
Por su parte, el vocero (s) de Gobierno, Mauricio Lob, señaló que "este es un proceso que está en marcha, el Comité de Ministros se ha pronunciado favorablemente cautelando todos los intereses de las comunidades para efecto de que el ingreso de este proyecto al sistema no signifique más contaminación, sino menos".
"Ahora, si hay un proceso que avanza en la Justicia, habrá que tomar las medidas correspondientes y esperar que eso avance como corresponde al Estado de Derecho en Chile", añadió Lob.
Ahora serán las instancias judiciales como la corte de Santiago o la Corte Suprema las que deberán revisar esa aprobación, tal como ocurrió con la central Castilla.
