Ejecutivos de las principales empresas eléctricas manifestaron preocupación tras el fallo contra el proyecto Castilla.
Acusaron "trabas e incertidumbre" para la inversión, lo que provoca "una situación difícil" para el sector.
En medio de la polémica que protagoniza la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, a raíz de sus críticas a la Corte Suprema por el fallo que paralizó el proyecto termoeléctrico Castilla, se multiplican también entre los representantes de la industria los cuestionamientos a las últimas resoluciones que han afectado a las inversiones en materia energética.
"El fallo de la Corte Suprema contra Castilla marcó un antes y un después para el sector, que vino a desplazar el episodio Barrancones", es -según el diario El Mercurio- una frase que suena fuerte por estos días entre las "distintas personalidades de la industria eléctrica nacional".
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| "Hemos visto proyectos resueltos por elección presidencial y otros por la Corte Suprema. Hay que preguntarse por qué se llegó a esto", dijo Bernardo Larraín Matte. (Foto: UPI) |
Derechamente manifestó su posición ante el actual escenario el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, quien hace unos meses puso sobre la mesa la "incertidumbre" para los inversionistas en energía, que lo llevó a suspender la tramitación ambiental de HidroAysén.
A jucio del empresario, "la institucionalidad se ha visto superada. Hemos visto como ciertos proyectos se han resuelto por elección presidencial, otros por la Corte Suprema y hay que preguntarse por qué se llegó a estas instancias y por qué la institucionalidad no resolvió el problema antes".
"Para que el resultado sea el legítimo, es necesario que la institucionalidad tenga legitimidad. Sin embargo, esto no está ocurriendo. No se están dando equilibrios entre las empresas y la ciudadanía", afirmó el ejecutivo en el marco de un seminario energético organizado por la Sofofa.
En el evento manifestó también su preocupación por las "dificultades que están enfrentando" -indicó el diario- el gerente general de Endesa Chile, Joaquín Galindo.
"Hay barreras importantes para llevar a cabo nuestros proyectos. Entre los que se encuentran la fragilidad del sistema de transmisión, demora importante en la obtención de permisos ambientales, la judicialización de los procesos y una oposición importante a los mismos", afirmó Galindo, que apuntó al clima social y político como causas que están provocando la oposición de las comunidades.
Apoyo gremialEl presidente de la Sofofa, Andrés Concha, también comentó el momento actual de la industria energética: "Los permisos medioambientales están siendo impugnados y llevados a tribunales y los proyectos se están cayendo. Estamos ante una situación compleja y difícil".
En tanto, el presidente de la CPC, Lorenzo Constans, comentó que el fallo de la Corte Suprema contra Castilla es "negativo para el país", debido a que un proyecto eléctrico puede llegar a demorar hasta 10 años para que llegue a producir.
