Presidente de la ONG aseguró que el Gobierno fue "imprudente" al manifestarse a favor de las centrales.
Además, detalló los pasos para frenar la construcción del proyecto.
El presidente de la ONG Fiscalía de Medio Ambiente (FIMA), Fernando Dougnac, manifestó en Tecnociencia que tras el apoyo del Gobierno a HidroAysén, la aprobación de la segunda fase está "viciada" por la existencia de una "voluntad política" que busca que toda la propuesta se concrete.
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| Fernando Dougnac, presidente de FIMA. |
Consultado por las posibilidades de que se apruebe la segunda fase, donde figura la construcción de las líneas de transmisión, el experto aseguró que "es evidente (que así se hará) después de la manifestación del Gobierno".
Dougnac esbozó una crítica ante el comportamiento del Ejecutivo, indicando que sus representantes "fueron un poco imprudentes, porque deberían haber esperado que se hubieran aprobado ambos proyectos para poder cantar victoria".
Agregó que "como lo hicieron de esta manera, ha quedado demostrado que está viciado el órgano que va a poder evaluar el proyecto de las líneas de transmisión, porque ya existe la voluntad política del Gobierno de que esto sea aprobado".
Esperanzas
El representante de de la FIMA señaló, sin embargo, que aún hay posibilidades de frenar el desarrollo del proyecto HidroAysén apelando a "instancias institucionales e instancias judiciales".
Una opción es "un reclamo en contra de la resolución de calificación ambiental, que va a un consejo especial de ministros ad-hoc que se creó en la ley (...) formado por seis personas, donde hay un 50 por ciento que representan las actividades productivas o de salud y el resto son los representantes del área económica".
En el caso de las instancias judiciales, están los "recursos de protección", incluyendo "una demanda de nulidad de derecho público".
Justamente en esta línea, Dougnac reveló que la FIMA "pidió al juez que declarara que el proyecto no se podía fraccionar, sino que se debía ingresar en conjunto, tanto las líneas de transmisión como las centrales hidroeléctricas", aunque aún "no sabemos en definitiva que no sabemos qué es lo que va a decir" la justicia.
"Lo único que nos queda es pensar y creer que existe la independencia de poderes que consagra la Constitución, y que los tribunales van a poder apreciar los argumentos de derecho que nosotros tenemos (como ciudadanos) y que nos darán la razón", finalizó el presidente de la ONG.
