Dos demandas civiles en contra del Estado de Chile presentó un grupo de 320 ex presos políticos, encarcelados durante la dictadura militar, para exigir una reparación por los daños que sufrieron durante su reclusión. Las acciones judiciales solicitan una indemnización por un monto total de tres mil 200 millones de pesos.
El abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, que patrocina la acción de 190 ex presos políticos, afirmó que las demandas civiles son una oportunidad para que el Ejecutivo demuestre que existe una voluntad para entregar una reparación a las víctimas de la represión. "A ver si (La Moneda) cambia las instrucciones del Consejo de Defensa del Estado y en lugar de transformarse como hasta ahora en un obstáculo para que procedan las indemnizaciones, allana el camino, facilita las cosas, para que veamos si la buena voluntad aparente del Gobierno y del CCDE es verdad o es demagogia", expresó. Por su parte, el jurista Jorge Palma, quien representa a 130 ex detenidos de la Séptima Región, sentenció que "debe existir un compromiso de parte del Estado" para indemnizar a los afectados y para que "no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país" hechos como estos. Las presentaciones judiciales coincidieron con la conmemoración del Día Nacional contra la Tortura, que según algunas estimaciones afectó a casi 500.000 personas en los casi 17 años que permaneció la dictadura militar.
