Mientras el juicio por la indagatoria del fraude en Carabineros se mantiene postergado, el viernes pasado fueron allanadas las dependencias de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar), que funciona como aseguradora para los efectivos de la policía uniformada y de la PDI.
Según consigna La Tercera PM, fue personal del OS7 el encargado de la diligencia instruida por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien lidera las pesquisas de la arista Mutucar de la investigación, referente a la repartición irregular de excedentes de este organismo entre los nueve integrantes de su consejo, entre los años 2010 y 2017.
Cabe recordar que tras cuestionamientos de Contraloría al procedimiento de dichos pagos, el ex general director Hermes Soto y el director de la PDI, Héctor Espinosa -ambos miembros del consejo por derecho propio, junto al director de Bienestar de Carabineros-, renunciaron en abril del 2018 a los sueldos que les correspondían por llevar la presidencia y vicepresidencia del órgano, respectivamente.
Sin embargo, ahora hay inquietud en ambas ramas policiales porque la Fiscalía investiga cuánto dinero recibieron los entonces integrantes del directorio, indagatoria que salpicaría también a los jefes de Carabineros desde 2017 hacia atrás: Bruno Villalobos, Gustavo González-Jure y Eduardo Gordon, al igual que al general activo Mauricio González, quien integró el consejo entre 2015 y 2017.
Este último aún no sería notificado formalmente sobre la devolución de dinero, de acuerdo a la institución, y señaló que en cuanto sea informado revisará los antecedentes para eventualmente restituir los dineros, si corresponde.
Hallazgos durante la diligencia
Por estar vinculados varios oficiales de alto rango, la diligencia constatada se hizo en extrema reserva: policías y fiscales accedieron a las dependencias con la autorización de entrada y registro del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que indicaba "que los antecedentes referidos, constituyen de indicio serios, fiables y suficientes para efectos de dar cuenta al tribunal de la existencia de la comisión de hechos típicos y antijurídicos", como la malversación, apropiación ilícita, lavado de activos e infracciones a la Ley de Mercado de Valores.
El documento también calificó como "indispensable" conceder el registro e incautación de la contabilidad de Mutucar, "especialmente los libros contables, Libro Diario y Libro Mayor, así como los 'libros auxiliares' o 'análisis de cuentas', la contabilidad computacional, los antecedentes de respaldo de la misma, desde el año 2003 a la fecha, y los estados financieros desde 2010 a la fecha", al igual que los contratos de compraventa.
Al margen de los cuestionamientos de Contraloría y Fiscalía a la repartición de excedentes de los directores, los propios estatutos de la Mutualidad consideran un deber el que estos sean destinados a aumentar los fondos de los beneficiarios del organismo, es decir, los policías y sus familias.
Por otro lado, durante esta diligencia se determinó que los entonces "inspectores de cuentas" de la Mutualidad, encargados de velar por el correcto uso de los recursos y dineros, serían los presuntos líderes del fraude: Flavio Echeverría e Iván Whipple.
El rol del Gobierno y la versión de la PDI
Por otro lado, el 9 de septiembre pasado, la Subsecretaría de Justicia solicitó que los integrantes del directorio y todos quienes hayan obtenido los dineros adopten medidas para revertir el eventual perjurio económico.
Mediante el oficio ORD 4838, también exigió que todos los antecedentes respecto al pago de excedentes, honorarios o cualquier remuneración recibida por integrantes del consejo sean puestos a disposición del órgano interno que corresponda, para que las circunstancias de su entrega sean investigadas y aclaradas, pidiendo específicamente que se determine cómo se originó la resolución que lleva a Mutucar a retribuir a sus consejeros y presidente al no cumplir lo que dispone la ley.
Desde el Ministerio de Justicia, sostuvieron que un procedimiento de fiscalización es común en estos casos para verificar que se adopten las medidas instruidas, y que "si ello no ocurre, podría arriesgar la cancelación de la personalidad jurídica".
Finalmente, la Policía de Investigaciones remarcó que fue dicha institución la que "denunció una serie de irregularidades en el manejo de la Mutualidad, tanto al Ministerio Público como a la Comisión para el Mercado Financiero", y que en paralelo, solicitó el pronunciamiento de la Contraloría en la arista para que su personal "dejara de pertenecer a dicha Mutualidad, hasta que no hubiera claridad en los manejos financieros y administrativos de dicha entidad".
"Sin embargo, la Contraloría General de la República, dictaminó que por razones legales debíamos seguir perteneciendo como institución a dicha corporación, para efecto de los seguros de vida", precisó.
La policía civil también descartó que su director haya sido notificado de la eventual restitución de dineros, "sin embargo, todos los antecedentes se encuentran en poder de su abogado particular", y dijo que le causó "extrañeza" que Mutucar haya derivado información incompleta sobre esta indagatoria, afirmando que lo hizo "con el único objetivo de enlodar la imagen de la máxima autoridad de la institución".
