El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible una querella presentada contra el actual comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva Molina, en la que se lo responsabiliza por una serie de acciones de hostigamiento y amedrentamiento contra el ministro en visita para causas de derechos humanos Jaime Arancibia Pinto.
Según el portal Interferencia, la acción judicial fue interpuesta en noviembre por la abogada de derechos humanos Mónica Araya, quien es hija de detenidos desaparecidos y madre del frentista Juan Henríquez Araya, muerto a manos de la CNI en el marco de la "Operación Albania", en 1987.
La querella sostiene que Leiva -al mando de la Marina desde 2017- "planifica, coordina y ejecuta operaciones de inteligencia encubiertas, destinadas a amedrentar y amenazar al ministro Jaime Arancibia Pinto, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Armada" (ver archivo adjunto).
El libelo denuncia seguimientos e intercepción de llamadas de los teléfonos personales e institucionales de Arancibia, quien es ex presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y uno de siete ministros en visita para causas de derechos humanos, con cerca de 450 causas, un tercio de las que se encuentran en tramitación a nivel nacional.
"En mayo de 2015 sometió a proceso a los 18 oficiales y suboficiales de la Armada y Carabineros involucrados en el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, y como resultado de sus investigaciones, 15 ex agentes de la dictadura cumplen condena actualmente", recuerda Interferencia.
El ministro de la Corte Surprema, Lamberto Cisternas, afirmó que el año pasado Arancibia había dado a conocer una serie de correos electrónicos con amenazas. "Él lo puso en conocimiento del señor presidente de la Corte Suprema y del Ministerio Público y lo segundo es una querella que ha sido presentado por un familiar de una persona DD.DD en que cuestiona el gasto que ha hecho la Armada para las defensas judiciales".
Por su parte, la Armada a través de un comunicado señaló que "los hechos que aparecen en esta querella son completamente falsos y se basan en conjeturas y suposiciones sin fundamento" asegurando que la institución es respetuosa del Estado de Derecho y del actuar del Poder Judicial.
Infiltración, informantes, periodistas
La querella señala que Arancibia también es responsable de "tentativas de infiltración, tanto del tribunal como de la policía que le colabora (a Arancibia), con el pago a informantes".
"Estamos en lo que se denomina fase preparatoria de los montajes comunicacionales en contra de un juez que investiga violaciones de derechos humanos. Para ello, la Dirección de Inteligencia financia a periodistas de medios de comunicación con el objeto de publicar notas o artículos de desinformación destinados a cuestionar la honorabilidad, imparcialidad e independencia del magistrado, Sr. Arancibia Pinto", se indica.
Según Interferencia, el juez Arancibia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso, pero no quiso comentarla. (Foto: ATON)
Además, se mencionan acciones de hostigamiento como "insultos directos vía correos electrónicos y acusaciones de prevaricación"; es decir, fallar arbitrariamente a sabiendas de que sus resoluciones son injustas y contrarias a la ley, en medio de una campaña de desprestigio por redes sociales.
Interferencia señala haber tenido acceso a algunos mensajes WhatsApp que circulan en grupos de funcionarios de la Armada, tanto activos como en retiro, donde se habla del "prevaricador e inhumano juez don Jaime Arancibia Pinto".
Defensa subrepticia de criminales
La querella de la abogada Araya también sostiene que "el Almirante, utilizando caudales públicos asignados como gastos reservados, financia, de manera clandestina, la defensa judicial como la obstrucción de los procesos penales de gran parte de los imputados en causas por violaciones de derechos humanos en donde se encuentran involucrados altos mandos de la Armada".
"Fuentes de INTERFERENCIA, en distintas cortes del país, aseguraron que esta situación se conoce como un secreto a voces en la justicia chilena, desde que se comenzaron a investigar estas causas", indica el medio, que subraya que se trata de una práctica prohibida.
"Actualmente, la prestación de asistencia jurídica depende del servicio de bienestar social de la Armada. Es gratuito y reservado para los funcionarios o sus cargas familiares. Sin embargo, la primera causal que excluye la prestación de estos servicios es en aquellas causas en que la Armada, las instituciones de la defensa nacional o el fisco sean parte o tengan intereses contrapuestos con el funcionario. Ello implica una prohibición para apoyar causas que persigan delitos de lesa humanidad donde el Ministerio del Interior, a través del Programa de Derechos Humanos, actúa como parte querellante", explica la nota.
Próximos pasos
El reportaje detalla que la jueza Marisol González declaró admisible la querella respecto de todos los delitos señalados, salvo las amenazas: "Por no ser víctima la solicitante (la abogada Araya), no está facultada para ejercer querella (por este ilícito)".
No obstante, en caso de que el ministro Arancibia declare y confirme los hechos, podría abrirse dicha arista del caso e investigarse en el mismo procedimiento.
La querella pide que sea citado a declarar Leiva y el director de Inteligencia de la Armada, Allan Nettle.
Al ser consultado, el juez señaló que no se va a referir al tema, pero según las averiguaciones del medio, él mismo ya "presentó una denuncia por su propia cuenta ante la Fiscalía de Valparaíso, con el fin de informar a la autoridad ante eventuales hechos delictivos en su contra".
En la querella se solicita que sean citados a declarar tanto el ministro Arancibia como el almirante Julio Leiva el contraalmirante Allan Nettle Mebus, director de Inteligencia de la Armada.
