Marisa Navarrete defendió la actuación de la Dipolcar y aseguró que la app "Antorcha" funciona e interceptó mensajes de comuneros mapuche.
La Fiscalía insiste en que "tres peritajes distintos" sostienen lo contrario.
El Gobierno anunció la presentación de un recurso de queja para lograr la reapertura de la indagatoria.
La abogada Marisa Navarrete, quien representa a los funcionarios de Carabineros acusados de implantar pruebas falsas en los teléfonos de los comuneros mapuche imputados en la "Operación Huracán", defendió la inocencia de sus clientes y aseguró que la cuestionada app "Antorcha" del ingeniero Álex Smith sí logró interceptar sus mensajes.
"No hay ninguna adulteración de pruebas, mucho menos hay ninguna falsificación de pruebas", dijo Navarrete, conocida como ex fiscal y ex funcionaria del Servicio de Impuestos Internos.
"Tengo el convencimiento -porque ya hemos visto que este tema funciona- que el señor Smith pudo desarrollar un sistema informático que permite incorporarse en los celulares de las personas y deja ver, si no toda, parte de la información que estos teléfonos arrojan. Esto es un hecho súper objetivo y esperamos probarlo, no sólo en el convencimiento mío, sino que ante la Fiscalía". agregó Navarrete, quien ayer denunció un "hackeo" al referido software en medio de los test sobre su efectividad.
En medio de esto, Navarrete está pidiendo que la causa se traslade a Santiago, pues sostiene que el principio de ejecución de los presuntos delitos se dio en la capital, con un oficio que envió el general Gonzalo Blu, jefe de inteligencia de Carabineros, para que se interceptaran los teléfonos de los comuneros mapuche ligados a la CAM, por lo cual -a su juicio- la causa no debería permanecer radicada en Temuco.
Responde la Fiscalía
En la contraparte, el vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, comentó que "tres peritajes distintos sostienen que existen archivos incriminatorios incorporados a los teléfonos (de los comuneros) con posterioridad a la incautación, y en un formato que no corresponde a la mensajería de texto".
"Ése es el objetivo de la investigación, esos antecedentes periciales que presentaban estos defectos que impedían sostener la acusación es lo que motiva el inicio de una nueva investigación para determinar si en estas conductas, si en estas incongruencias de los informes periciales se han cometido o no delitos", dijo Garrido.
Ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott, resolvió agrupar las 10 investigaciones abiertas en torno a la presunta manipulación de pruebas, y las dejó en manos del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
