Carabineros informó este martes que inició el proceso de expulsión del uniformado imputado por empujar a un joven manifestante de 16 años desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho el último viernes, pero debido a que el policía había "omitido" que portaba una cámara personal y no institucional.
Según informó la institución, Sebastián Zamora (22 años), quien fue formalizado por homicidio frustrado y permanece en prisión preventiva, le reveló a su defensa particular que el día del hecho llevaba una "cámara personal ajena" a Carabineros y "no autorizada".
Esa información fue transmitida por la defensa a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que indaga el episodio.
Al enterarse Carabineros, inició el proceso administrativo correspondiente ya que, según da a entender en un comunicado, en principio el uniformado supuestamente había "omitido" aquel antecedente, lo cual constituye una "grave falta administrativa".
"Existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales; y el incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución", explicó la institución.
Desde el Departamento de Comunicaciones Sociales precisaron que el proceso de expulsión es por "ocultar información y mentir" al ser el carabinero consultado sobre registros audiovisuales que poseía y no reportó a la institución, y que además habrían sido utilizados por el Ministerio Público en la audiencia del domingo.
Actualmente Zamora se encuentra separado de sus funciones, decisión adoptada por Carabineros una vez que comenzó el proceso penal en su contra.
Minutos después de que Carabineros publicó esta información, el Ministerio del Interior emitió un comunicado afirmando que ha instruido a la policía "la entrega al Ministerio Público todos los antecedentes respecto de los lamentables hechos ocurridos el pasado viernes".
Y ante este nuevo antecedente, le "reiteró a Carabineros su obligación de colaborar con la investigación y poner a disposición" de la Fiscalía "toda la información de que disponga, así como también la aplicación de las medidas que correspondan".
"Para el Gobierno resulta indispensable que todo el actuar policial se realice con transparencia frente a la ciudadanóa y con estricto apego a los protocolos y la ley", sentenció Interior.