Los delitos involucran a oficiales y suboficiales que se desempeñan en Estación Central.
La Justicia dejó tras las rejas a un capitán para quien la Fiscalía no había pedido dicha medida cautelar.
La audiencia efectuada en el Centro de Justicia se extendió por más de 10 horas.
Más de 10 horas duró la audiencia formalización de los 12 funcionarios de Carabineros de Estación Central imputados por delitos como tortura, detención ilegal, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público.
Al cabo de la maratónica jornada, que tuvo lugar en el Centro de Justicia de Santiago, "quedaron cinco funcionarios de Carabineros en prisión preventiva y los otros siete imputados restantes con medidas cautelares de distinta intensidad", explicó el fiscal de alta complejidad Centro Norte Francisco Ledezma.
En el caso de estos siete, "el magistrado accedió a las peticiones de cautelares, que son prohibición de acercarse a las víctimas, firmas diarias y quincenales, y arraigo en el territorio nacional; es decir, no pueden salir del país", agregó Ledezma.
Los carabineros que cumplirán prisión preventiva son Carlos Leal Aqueveque, Carlos Calderón Ortega, Carlos Soto Soto, Camilo Vásquez Masman y Cristián Almuna Salgado.
Este último tiene grado de capitán en la institución, y para él la Fiscalía no había pedido prisión preventiva. El tribunal estimó, sin embargo, que, por su rango y rol de autoridad, ameritaba la medida cautelar más gravosa.
@FRCentroNorte formaliza a 12 Carabineros x apremios ilegítimos y obtiene la prisión preventiva de 5 de ellos. Investigación la desarrolló fiscal Fco Ledezma en conjunto con Asuntos Internos de Carabineros y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI https://t.co/ePOlyQkl46
— Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) July 24, 2019
El Ministerio Público pidió, en total, prisión preventiva de seis imputados, pero dos de éstas fueron descartadas: las de Francisca Burgos Rojas y Luis Núñez Medi, quienes afrontan sólo un cargo por torturas.
Luis Durán Sánchez, Gastón Gómez Bello, Juan Trigo Chávez y Luis Manzanares Antiñir, y Luis Henríquez Guzmán quedaron con firma, arraigo y prohibición de acercarse a la víctima.
"La mayoría de las imputaciones son por torturas"
Esta causa se abrió tras una investigación llevada a cabo entre octubre de 2016 y diciembre de 2018, donde se determinó que seis oficiales y cuatro suboficiales de la 21ª comisaría de Estación Central incurrieron en una serie de delitos.
El abogado regional metropolitano del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Daniel Cárdenas, detalló que las denuncias corresponden a 10 situaciones y que en cada una de ellas se presentan vulneraciones, como el uso de canes y golpes en lugares sin cámaras.
"Estos hechos, sin duda, se acercan a lo que, desde la óptica del derecho internacional, aparecen como ejemplos claros de los delitos de torturas y apremios ilegítimos", remarcó Cárdenas.
En uno de las situaciones, un taxista fue intimidado y le quitaron su teléfono al sorprenderlo grabando los abusos cometidos contra comerciantes ambulantes.
"La mayoría de las imputaciones son por torturas, y hay un caso donde hay una formalización por robo con intimidación, y tiene que ver con que a uno de los imputados se le sustrajo un teléfono celular y una cantidad de dinero", comentó el abogado querellante particular Omar Carrasco.
Carrasco detalló el caso de uno de sus representados, quien recibió golpes y mordeduras de un can policial cuando voceaba la venta de boletos en un terminal de buses.
"Si bien es cierto eso acarrea una infracción, bajo ningún punto de vista justifica el trato que recibió, y entiendo por esto los golpes y la mordedura del perro que se produjeron en el terminal y además en la comisaría. Sufre maltrato físico, sicológico y se le hace un denominado 'callejón oscuro', donde es golpeado con elementos contudentes, combos, patadas además, y sufre una serie de lesiones", insistió el abogado.
Carabineros "no ampara ni acepta" estas conductas
A través de un comunicado, Carabineros afirmó que "ha aportado y seguirá prestando la colaboración necesaria al ente persecutor penal" para el desarrollo de la investigación.
En tanto, "en el ámbito interno, se dispuso la apertura de un sumario administrativo, con la finalidad de establecer las eventuales responsabilidades funcionarias de los involucrados, adoptando las medidas administrativas que cada caso amerite".
"Reafirmamos ante la comunidad que Carabineros de Chile no ampara ni acepta conductas como las que están siendo imputadas que, de ser efectivas, se apartarían de la legalidad y de la doctrina que distingue a aquellos integrantes de nuestras filas que a diario trabajan incansablemente por la tranquilidad y seguridad de nuestros compatriotas, en estricto apego a los valores y principios institucionales", indica la nota.
