La filtración de más de 10 mil documentos reveló el presunto seguimiento que sufrió el Magisterio por parte de la inteligencia policial.
"Si nos vigilan a nosotros, qué quedará para el resto...", señaló el líder gremial, Mario Aguilar.
Organizaciones civiles rechazaron el presunto seguimiento y vigilancia que realizó Carabineros a diversos sindicatos y agrupaciones sociales en el país, acción que quedó al descubierto tras un "hackeo" a la institución.
El pasado 29 de octubre Carabineros sufrió la filtración de más de 10 mil documentos, entre ellos, informes de inteligencia donde se revela el seguimiento que realizó la institución a organizaciones, gremios y dirigentes sociales.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores -una de las organizaciones presuntamente rastreadas por la institución- sostuvo que el acto de vigilancia fue "gravísimo", y adelantó acciones legales.
"Yo quiero anunciar que ya está casi listo un recurso de protección, porque creemos que acá tienen que intervenir Tribunales", dijo Aguilar.
"Si nos vigilan a nosotros, si nos vigilan de manera ilegal, qué quedará para el resto... Nosotros somos un ente público conocido, con un cierto 'respaldo'. El dirigente Rodrigo Mundaca (premiado en Alemania por su lucha a favor del libre acceso al agua potable) fue amenazado de muerte en las redes sociales ¿Tendrá esto relación con estas vigilancias?", se preguntó el líder del Magisterio.
"Son prácticas que siempre hemos supuesto"
El Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) condenó también el presunto seguimiento de Carabineros, aunque aseguró que siempre "supusieron" la vigilancia policial.
Las vigilancias "son prácticas las cuales siempre hemos supuesto", dijo Camilo Mancilla, coordinador metropolitano de Modatima.
"A Rodrigo Mundaca lo han perseguido, lo han golpeado en la calle, lo han llevado 46 veces a juzgados por ocupar palabras que no necesariamente son las correctas normativa y judicialmente", recordó.
"Esto, para nosotros, confirma las prácticas por parte de un Gobierno y por parte de un organismo que se encarga de reprimir y de criminalizar las comunidades que buscan dignidad para los territorios", cerró Mancilla.
En los archivos también se exponen datos sobre una de las vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), que menor de edad. Sobre ésto, la vocera de la Confech, Catalina Magaña, aseguró esto es parte de la voluntad del Gobierno de impedir las manifestaciones.
"Hemos tenido gente que ha sido sacada de sus edificios cuando era toque de queda cuando solo estaban caceroleando viene Fuerzas Especiales. No tiene explicación alguna toda la represión que estamos teniendo, más que las voluntades del gobierno para que no salgamos a las calles", señaló Magaña.
