En prisión preventiva quedaron cuatro extranjeros formalizados por el ataque armado que dejó gravemente herido a un carabinero de la SIP en Antofagasta el pasado 12 de agosto.
El OS9 logró capturar al presunto autor de los disparos, un venezolano de 26 años identificado con las iniciales R.J.R.S., quien se encontraba con orden de expulsión y dos requerimientos judiciales pendientes, en un domicilio de Antofagasta.
También fueron detenidos, en Antofagasta y Calama, en calidad de encubridores, otros tres sujetos (dos venezolanos y un colombiano) que lo ayudaron a ocultarse; entre ellos el conductor de una aplicación de transporte.
Mientras la policía rastrea a un segundo tirador prófugo, el general Cristián Montre jefe de la zona de Carabineros, señaló que "este resultado responde al despliegue investigativo especializado del OS9 junto al trabajo de inteligencia policial que se realiza en la calle".
"Eso fue clave para detener a uno de los sujetos que sería autor material de este vil y cobarde ataque, quien además mantenía dos órdenes judiciales vigentes y una orden de expulsión del país", destacó.
"Junto con él fueron detenidos otros tres sujetos que habrían colaborado en su huida y ocultamiento, y uno de ellos mantenía (también) una orden de expulsión vigente", indicó Montre.
"Quiero ser muy claro: este trabajo no ha terminado. Hay otro sujeto de interés que continúa prófugo y lo seguimos buscando", sentenció el jefe de Carabineros en la Región de Antofagasta.
El aludido es un un chileno identificado con las iniciales M.A.R.S., quien también abrió fuego contra el funcionario.
Producto de la agresión, el uniformado resultó con diversas heridas por proyectil balístico en brazos y antebrazos, todas de carácter grave, que, de no haber mediado atención médica oportuna, le habrían provocado la muerte.
En la formalización, el tribunal fijó un plazo de investigación de 150 días.
"Cuando se dispara contra un carabinero en ejercicio no se lesiona únicamente a una persona; se comprometen, de forma simultánea, varios bienes jurídicos: la vida y la salud del funcionario, la función pública de garantizar y hacer efectivo el cumplimiento de la ley, la seguridad de la ciudadanía a la que ese funcionario protege y la propia institucionalidad del Estado, que se sostiene sobre la autoridad legítima. Es esa pluralidad la que distingue el hecho de un delito común y la que debe ordenar el encuadre público", analizó el fiscal regional, Juan Castro Bekios.
