El titular de Interior, acusado de falta de control sobre la policía militarizada, planteó que durante el estado de catástrofe la institución está bajo el mando de Defensa.
Ante la comisión ad hoc que analiza el libelo contra el jefe de gabinete, el ex diputado afirmó que "los jefes de la Defensa no comparten" el argumento de los abogados.
El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se deslindó este lunes de la "interpretación" de los abogados de su par de Interior, Víctor Pérez, quienes apuntaron a la cartera que dirige hoy el ex diputado por la responsabilidad de control sobre Carabineros, estamento policial cuestionado por presuntos abusos durante la crisis social.
En su respuesta a la acusación constitucional que impulsa la oposición en su contra, entre otros puntos, por supuestamente "no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia", entre los que están las Fuerzas de Orden y Seguridad, la defensa de Pérez planteó que en el marco del estado de catástrofe que rige por la pandemia, éstas, entre ellas Carabineros, quedan bajo el mando de las Fuerzas Armadas, que dependen de Defensa.
Ante la comisión ad hoc que analiza el libelo contra Pérez, el ministro de Defensa señaló a los diputados que el control del orden público a manos de Carabineros depende de Interior y eso no ha cambiado con el estado de excepción constitucional de catástrofe.
"Es una interpretación que hacen los abogados, yo no lo comparto. Debo ser claro en eso, no lo comparto, porque entiendo que Carabineros de Chile sigue dependiendo del ministro de Interior, no depende de mí", dijo Desbordes.
El ex carabinero, renunciado en 1994 de la policía militarizada, dijo que "en tono de broma le he dicho a mis compañeros de Carabineros que ahora voy a aprovechar que dependen de mí unos días para ver a quien pasamos a retiro y a quien no, pero hablando en serio, no dependen del ministro de Defensa".
Afirmó, al mismo tiempo, que "los jefes de la Defensa no comparten lo señalado por la defensa" de Pérez. "No les voy a decir otra cosa que sea lo estrictamente cierto, pero ellos no han reclamado, no ha habido una queja, pero les puedo mostrar el Whatsapp", agregó.
El ministro Pérez ya instruyó a su equipo jurídico desistir de esa defensa para, coo explicó hace unos días, "no afectar la unidad de la centroderecha".
En ese sentido, su abogado Mario Rojas Sepúlveda restó relevacia a ese argumento en la estrategia de defensa: "No se trata de uno que pueda ser calificado como principal ni desde el punto de vista de forma ni de fondo", sostuvo.
Sin embargo, la diputada Loreto Carvajal (PPD), presidenta de la comisión ad hoc, leyó la conclisión que el mismo jefe de gabinete presentó, donde concluye que "los contundentes argumentos jurídicos hacen improcedente esta acusación, especialmente en cuanto a que incurre en el grueso error jurídico de atribuir al ministro acusado la obligación legal de control de orden público", ignorando -sostuiene la respuesta- el texto que declara estado de excepción constitucional de catástrofe.
"Al final del día nos corresponde revisar una acusación que parece ya es indefendible, porque el contenido de la contestación es desvirtuada por el propio defendido", comentó la parlamentaria opositora.
La instancia tiene hasta el jueves para votar su informe con la recomendación a la Cámara Baja, que no es vinculante. Para el viernes está citada la Sala para votar la acusación.
