La investigación involucra a funcionarios de La Cisterna, quienes ya enfrentan un sumario interno en la institución.
El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa mediante una querella.
La Fiscalía Metropolitana Sur formalizará este lunes a 10 funcionarios de Carabineros la facilitación de la explotación sexual de menores de edad en la comuna de La Cisterna.
Vecinos del sector aseguran que estos casos de explotación sexual no son nuevos ya que la primera denuncia se presentó en la Fiscalía en 2013. Hace dos años, Carabineros realizaba la denominaba la "Operación Vespucio" que desbarató una red de prostitución donde incluso participaban familiares de las menores de edad.
Ahora, la Fiscalía dice tener antecedentes de que 10 uniformados de la Comisaría de La Cisterna facilitaban la explotación sexual de menores y no adoptaron procedimientos para proteger a las niñas.
La imputación consta en una querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado contra los carabineros Jorge Peña, Javier Lagos, Aníbal Paredes, Manuel Álvarez, Cristián Garcés, Erwin Cárdenas, Diego Aguilar, Richard Espinoza, Jorge Sánchez y Cristián Cea.
Con esta acción legal el CDE se hizo parte de la causa que indaga la Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que lidera el persecutor Rodrigo Chinchón.
La presidenta de la Junta de Vecinos Alcalde Ismael Llona, María Tapia, relató que "en las noches se paraban estas niñas y travestis también. Se paraban los autos y hacían sus cosas, al otro día en la mañana aparecían los condones tirados en la calle".
La formalización está programada para el lunes 16 de abril, a contar de las 09:00 horas, tras lo cual Carabineros definirá qué sucederá con los funcionarios acusados, lo que podría derivar en su baja.
Omitieron actuar
En la querella del CDE consta que, en varias oportunidades, el "personal de Carabineros que realizaba servicios (...) al efectuar la fiscalización del comercio sexual en la vía pública a diferentes mujeres, entre ellas menores de edad, omitió cualquier tipo de procedimiento en garantía de los derechos de las niñas y adolescentes involucradas, permitiendo que siguieran facilitando la prostitución de ellas, al no adoptar procedimiento policial alguno".
Se menciona, como ejemplo, que el 1 de julio de 2016 dos de los imputados interceptaron a un adulto que estaba requiriendo servicios sexuales de una menor identificada con las iniciales F.V.M., pero al sujeto sólo le cursaron una infracción de tránsito.
Pese a que conversaron con la niña, luego no hicieron nada para adoptar ningún procedimiento tendiente a su protección.
