Después de que vecinos de la población Lo Hermida de Peñalolén descubrieran a un carabinero infiltrado en una organización social, quien por meses usó una identidad falsa al desempeñarse en el sector, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (ANERCICH) pidió que se deje de otorgar cédulas fraudulentas en casos como este.
En un comunicado, los empleados cuestionaron la labor del efectivo, de seudónimo "Giovany Arévalo Álvarez" en su tiempo infiltrado, pues según consigna Ciper, muchas veces promovió o incitó a los pobladores a realizar acciones vandálicas o violentas contra la policía uniformada.
"Este hecho doloso en que nuevamente incurre Carabineros y que se suma a un contexto de grave descomposición institucional, trae aparejado el hecho de que este sujeto contaba con una identidad -RUN y cédula- ficticia otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación", puntualiza el escrito, lamentando que su institución se haga parte de acciones como esta, "aún cuando la Ley de Inteligencia lo permita".
"Creemos que este hecho trastoca la esencia de la función pública y el rol de las instituciones, en un contexto en que el cuerpo policial adquiere rasgos propios de una policía política destinada a la destrucción de la oposición social", opinan los empleados.
Por lo tanto, se llama "a las instituciones implicadas, especialmente las del sector Justicia y Tribunales, a revisar y suspender en este contexto las autorizaciones de infiltración de agentes policiales y la obtención de identidades falsas entregadas por el SRCEI (Servicio de Registro Civil e Identificación) para fines distintos a la persecución del crimen a gran escala, el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, delitos informáticos o similares".
Asimismo, los funcionarios solicitan que se transparente el uso de cédulas fraudulentas en el marco de infiltraciones como estas, pidiendo publicar "el número total de identificaciones falsas otorgadas a agentes del Estado especialmente durante el último año".
"Como funcionarios y funcionarias que cumplimos abnegadamente nuestra función en este especial contexto no nos sentimos cómodos con este episodio ni nos gustaría recibir una condena social por el mismo al vernos implicados en operaciones de índole represivo y criminalizador que nos recuerdan oscuros casos y prácticas de la dictadura", cierra el comunicado.
