Fueron imputados por narcotráfico, allanamiento ilegal, robo con violencia, cohecho y obstrucción a la justicia, entre otros ilícitos.
El plazo de la investigación quedó fijado en 180 días y todos los imputados ingresaron al penal Santiago 1.
La jueza determinó no difundir los nombres ni tampoco las imágenes de los rostros de los imputados.
En prisión preventiva quedaron los 13 imputados, 10 de ellos ex funcionarios de Carabineros, por delitos de narcotráfico, allanamiento ilegal, robo con violencia, robo en lugar habitado, cohecho, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos.
En total son 16 los hechos investigados, que comenzaron en noviembre del año pasado en la tenencia El Castillo de La Pintana. Primero fueron allanamientos de los cuales los funcionarios no dieron cuenta de todas las especies requisadas, luego esto derivó en allanamientos y quitadas de drogas sin ningún tipo de orden judicial, y omisión de denuncias a cambio de dinero, entre otros ilícitos.
Las investigaciones comenzaron en abril de este año. El Ministerio Público dio a conocer escuchas telefónicas, en las cuales se evidencia que los ex carabineros reclutaban informantes en operativos de droga de menor cuantía, quienes notificaban cuando otros narcotraficantes tenían en su poder grandes cantidades de droga y dinero en efectivo.
El fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, indicó que "los hechos son de bastante gravedad y dicen relación básicamente con una serie de procedimientos que ellos adoptaban al margen de la ley, donde en definitiva venían personas que eran formalizadas y posteriormente quedaban en prisión preventiva".
"La finalidad última de estos procedimientos no era el celo policial ni realizar procedimientos para tener mejores resultados en la persecución penal, sino que básicamente y concretamente era poder realizar estos procedimientos y poder sustraer dinero, especies y en algunos casos, drogas para efecto de la comercialización", agregó Barros.
La jueza María Angélica Palacios dio a conocer las medidas cautelares, señalando que actuaron de manera ilegal, amparados por partes policiales falsos y que queda claro que hay una organización delictiva.
La magistrada además determinó no difundir los nombres ni tampoco las imágenes de los imputados en pos de la presunción de inocencia. El plazo de la investigación quedó fijado en 180 días y todos los imputados ingresaron al penal Santiago 1, con medidas especiales de seguridad.
Por su parte, la abogada defensora, Bessy Plá, señaló que "estamos como defensa pública disconformes con la resolución dictada por la magistrada el día de hoy, entendemos que ha sido una larga jornada, estamos de madrugada. Es una investigación que comenzó en abril de este año, nosotros solamente tuvimos dos horas para revisar los antecedentes investigativos, aún así cuestionamos la participación de nuestros representados o al menos la calificación jurídica respecto a los delitos de robo con intimidación".
"Además, todos nuestros representados, ex funcionarios públicos, tienen irreprochable conducta anterior, por lo tanto estimamos que había otras medidas cautelares de menor intensidad que la prisión preventiva que podrían haber sido decretadas por el tribunal", agregó la abogada.
En tanto, mediante un comunicado, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, además de condenar la acción de los ex funcionarios, anunció que reestructurará la tenencia de El Castillo.
"Empañan a una institución impecable"
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, condenó que los involucrados intenten ensuciar la institución, señalando que "empañan el nombre de una institución absolutamente impecable y respetable de nuestro país, como es Carabineros de Chile".
"Yo creo que lo que ha hecho el alto mando, de desvincularlos rápidamente hace que este entre, más bien, en la naturaleza de delito común y para eso el Ministerio Público está ya a cargo de la investigación", agregó Orrego.
"Nosotros fundamentalmente elegimos algunos casos particulares de crímenes muy graves o de situaciones, por ejemplo, graves del orden público", concluyó el intendente Metropolitano.
