Cristián Paredes está con protección de la PDI, personal que detectó a los funcionarios de la policía uniformada.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, dijo que esto "es gravísimo" y que "nos preocupa".
Además de Paredes, el fiscal Carlos Palma también se encuentra con protección de la PDI.
Lejos de bajar la tensión entre Carabineros y el Ministerio Público, este viernes se conoció que los fiscales, que investigan las denuncias de manipulación de pruebas en la Operación Huracán, están bajo protección de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).
Ese es el caso del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Parades, quien era seguido por carabineros de civil que lo seguían y lo fotografiaban, según detectó la policía.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, manifestó su preocupación por este hecho y pidió explicaciones sobre lo sucedido.
"Llamamos a las autoridades, al Ministerio del Interior o a Carabineros de Chile, quien sea responsable, que digan quién efectivamente ordenó estos seguimientos y grabaciones al fiscal regional Paredes y entendemos que el hecho, de ser así, es gravísimo", aseveró.
Recalcó que "las policías están para resguardar el orden y la seguridad y, además, cumplir las instrucciones de los fiscales en las causas penales, no para realizar hostigamientos o actos que den cuenta de probables hostigamientos respecto de un fiscal adjunto, un fiscal de la República. Nos preocupa".
Comunicado de Prensa: Situación Fiscal Regional Cristián Paredes | Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público de Chile https://t.co/LHkXAC96Kx
— Asociación Fiscales (@fiscalesdechile) 3 de febrero de 2018
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien lleva adelante la investigación de las irregularidades de la "Operación Huracán" y que este viernes interrogó al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, también se encuentra con protección de la PDI.
Según fuentes del Ministerio Público, la medida se dispuso desde el mismo día en que abrieron las aristas por obstrucción a la Justicia, o sea, por filtraciones y falsificación de pruebas por parte de Carabineros.
Debido a la tensión, hoy mismo el ministro Mario Fernández pidió a ambas entidades a recordar que deben trabajar juntos para combatir la delincuencia, por lo que les solicitó "cooperación mutua".
Fiscalía no perseverará en la investigación
El próximo viernes 9 de febrero, la Fiscalía de Temuco notificará al Tribunal de Garantía la decisión de no perseverar en la investigación por la "Operación Huracán", debido a que la indagatoria está agotada en sus diligencias en el plazo que le entregó el Tribunal.
Sobre esto, Cristóbal Bonacic, abogado experto en derecho penal de la Universidad Católica, explicó que "la comunicación de no perseverar es una decisión administrativa que toma el Ministerio Público, como órgano que la Constitución le encomienda de forma exclusiva dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delitos".
"El juez de garantía no puede oponerse ni cuestionar la decisión de no perseverar, simplemente la tiene por comunicada. El 99,9 por ciento de los casos -por no decir el 100-, la decisión de no perseverar corresponde a un cierre definitivo de la causa. Si bien, teóricamente, puede reabrirse en la medida que aparezca alguna prueba excepcional, sí, teóricamente, pero en la práctica es sinónimo de cierre definitivo", señaló.
Gobierno y Ministerio Público contrastan posturas
En esta instancia, la defensa de los imputados en la "Operación Huracán" solicitará el sobreseimiento definitivo, pero el Gobierno pretende mantener abierta la investigación y, por lo mismo, solicitaron nuevas diligencias.
La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, señaló que "el Gobierno es parte querellante de la causa madre de esto, que se ha denominado 'Operación Huracán' y que tiene ver con los ataques incendiarios. Como parte querellante, ha solicitado nuevas diligencias".
En contraste, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, sostuvo que "la 'Operación Huracán' está cerrada. La única posibilidad que existe para ello es la reapertura de la investigación, la que por ley sólo procede en caso de que se hubieran solicitado oportunamente diligencias de investigación que la Fiscalía no hubiera realizado o que hubiera rechazado".
"Esa hipótesis no está presente en este caso", sentenció.
