Luego de más de dos años y 136 formalizados, el Ministerio Público anunció el fin de las pesquisas del desfalco cifrado en más de 28 mil millones de pesos.
Se espera que sea uno de los juicios más extensos desde la Reforma Procesal Penal.
Luego de más de dos años de pesquisas y 136 formalizados, de un total de más de 180 imputados, el Ministerio Público cerró la investigación del fraude al interior de Carabineros, cifrado en más de 28 mil millones de pesos.
Según informa La Tercera, la Fiscalía, el pasado lunes, notificó la decisión a través de un correo electrónico a los abogados de los imputados que las pesquisas -que comenzaron en octubre de 2016- habían llegado a su fin.
El organismo persecutor envió este mismo mail, además, a los defensores de las otras dos causas asociadas al caso.
Ya en septiembre, la Fiscalía separó esta investigación en tres "cuadernos": la "causa madre", en que se malversaba desde cuentas institucionales a personales; los "cuenta correntistas", quienes facilitaban sus cuentas para que los ideólogos del fraude "blanquearan" ahí su dinero; y la malversación a través de los fondos de desahucios (beneficio en dinero a personas que nunca trabajaron en la institución).
De acuerdo al rotativo, 35 formalizados pertenecen a la causa "madre" y, según fuentes del caso al matutino, serán a quienes la Fiscalía buscará llevar a juicio oral. A ellos -entre los que se encuentra el ex director de Finanzas, general (r) Flavio Echeverría, y otros ex oficiales- se les imputa asociación ilícita, malversación de caudales públicos, lavado de activos y, en algunos casos, también falsificación de instrumento público.
Según las mismas fuentes, todos los delitos imputados a la "cúpula" incluyen penas de crimen, es decir, sobre los cinco años y un día. Todos ellos, además, tienen imputaciones por tres o cuatro delitos y, dicen, arriesgan penas de al menos 10 años.
El resto de los imputados, casi 100, podrían optar a salidas alternativas, dependiendo de los acuerdos a los que estarían dispuesto a llegar sus defensas con el Ministerio Público, señala La Tercera.
Desde que se informó el cierre de la investigación, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para presentar acusación en cada uno de estos cuadernos, los que acumulan a 136 formalizados, de un total de más de 180 imputados.
De acuerdo al medio citado, los persecutores están preparando hace al menos cinco meses la acusación y hasta este martes cuenta con cerca de 3.000 páginas. Actualmente está en proceso de identificación de las penas que se solicitarán.
Tras la acusación se fijará una audiencia de preparación de juicio oral, donde se presentarán las pruebas de la Fiscalía, para finalmente llegar a juicio oral.
Se espera que sea uno de los juicios más extensos desde la Reforma Procesal Penal.
El caso comenzó en octubre de 2016 con un oficio secreto enviado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, al persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectara indicios de delitos de lavado de activos.
