"Una norma antigua" limita a sólo seis meses el plazo para hacerla efectiva en la policía uniformada.
"Hay que modificar esa norma", dijo en el Congreso el contralor Jorge Bermúdez.
Según lo informado por la institución, los delitos se cometieron hasta el año 2015.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, señaló que desde el punto de vista administrativo, y según los antecedentes conocidos hasta el momento, la responsabilidad de los funcionarios de Carabineros involucrados en el fraude está prescrita.
Bermúdez recordó que la información develada por el propio general director, Bruno Villalobos, indica que el desfalco se perpetró entre los años 2011 y 2015, e indicó que, de ser así, "una norma antigua" que aún está vigente impedirá que los uniformados sean persegidos por su responsabilidad administrativa.
"Hay que decir una cosa muy importante respecto de Carabineros y de las facultades que tiene la Contraloría: normalmente la responsabilidad administrativa de un funcionario prescribe en cuatro años. (Sin embargo) en el caso de Carabineros de Chile -porque está establecido así en una norma antigua- prescribe en seis meses", dijo Bermúdez.
"Si usted me está hablando de responsabilidad administrativa de hechos que ocurrieron el año 2015, hay que decir derechamente que eso está prescrito, y es porque está así en una norma. Por lo tanto, lo que hay que hacer es modificar esa norma", agregó el contralor.
La referida norma señala además que la responsabilidad administrativa en las Fuerzas Armadas tampoco es de cuatro años, sino sólo de uno.
Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría tendría, de todas maneras, la potestad para revisar lo ocurrido en Carabineros, ya que las auditorías no tienen un plazo límite y podrían determinar responsabilidades penales.
Gobierno analizará los alcances
Consultada por esta situación la ministra vocera, Paula Narváez, señaló que aún no ha sido analizada por el Gobierno.
"Tenemos que conocer bien los antecedentes que está entregando la Contraloría para poder emitir una opinión al respecto. Lo que nos importan en esto es que, por cierto, cualquier sanción se dé en el marco de la legalidad vigente; no hay nada que pueda exceder a la ley", indicó.
"Debiéramos analizar en profundidad lo que Contraloría ha señalado para ver cuáles son los alcances que tiene", agregó Narváez.
El contralor Jorge Bermúdez concurrió hoy a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los errores en conformación del padrón electoral en la elección 2016, y a propósito del escándalo ya denominado como "Pacogate" informó que la Contraloría se puso como prioridad nacional el auditar los organismos públicos de mayor tamaño en lo relativo al pago de remuneraciones, como las Fuerzas Armadas y los ministerios de Educación, Obras Públicas y Defensa.
