La decisión fue precipitada por el nuevo asesinato de un carabinero: el cabo primero Daniel Palma.
El trámite contempló un paquete de normativas legales vinculadas con la seguridad, explicó La Moneda.
Tras el asesinato del cabo primero Daniel Palma Yáñez, quien recibió dos disparos en la cabeza anoche, el Presidente Gabriel Boric promulgó durante este jueves la nueva ley Naín-Retamal, que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería y establece la legítima defensa en el ejercicio de la función policial, aprobada ayer por el Congreso.
El trámite contempló un paquete de proyectos vinculados con la seguridad despachados esta semana por el Parlamento.
En detalle, el Mandatario firmó cuatro normativas: además de la ley Naín-Retamal, la iniciativa que refuerza las competencias de Gendarmería y crea el delito de extorsión; una que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro; y otra que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.
La ceremonia de promulgación tuvo lugar en el marco del Consejo de Gabinete en La Moneda, después de un minuto de silencio en memoria del cabo Palma.
"Nosotros tenemos un conjunto de iniciativas legislativas -algunas patrocinadas y empujadas por el Ejecutivo; otras de origen parlamentario- que, por cierto, vamos a promulgar durante el día de hoy, como la ley que refuerza la persecución de las armas, el porte de uso de armas; también la ley en torno al delito de extorsión y que refuerza también las capacidades de Gendarmería, junto con la Fiscalía, para poder generar procedimientos o contribuir a los procedimientos investigativos en la persecución del delito dentro de las cárceles, y otros. Por lo tanto, durante el día de hoy vamos a poder avanzar en la promulgación de este conjunto de leyes, incluyendo la ley Naín-Retamal, pero en un paquete de proyectos que han podido ya ser despachados por el Congreso Nacional", dijo previamente la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC).
La portavoz señaló que "esto se suma al conjunto de acciones que hemos decidido enfrentar durante el día de hoy y realizar durante el día de hoy para poder enfrentar esta terrible situación. Acá queremos que se despliegue el Estado en su conjunto; que podamos actuar coordinadamente, unitariamente, para enfrentar el crimen organizado".
En tal sentido, la vocera reconoció que "los delitos violentos están generando no solamente miedo, sino que están arrastrando vidas y esas vidas lamentablemente no son reparables, no solamente porque quienes terminan asesinados, sino que por el impacto que genera en la comunidad y en las familias".
"Esto implica un despliegue de esfuerzos importantísimo y en esto vamos a estar trabajando principalmente -y evidentemente- liderados por nuestro Ministerio del Interior, pero también por mandato y por liderazgo del Presidente de la República", agregó.
Consultada por si el Ejecutivo pediría a Apruebo Dignidad (PC-Frente Amplio) que reculara en su intención de acudir al Tribunal Constitucional (TC) contra Naín-Retamal, Vallejo respondió: "La ley tendría que entrar en vigencia a la promulgación", y evitó hacer más comentarios.
Desde el Frente Amplio, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas y militante de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sostuvo que "los plazos para ir al Tribunal Constitucional son desde que la ley se despacha hasta el momento de su promulgación, por tanto, la decisión de promulgar durante la mañana volvía inviable la alternativa de ir al Tribunal Constitucional".
"Ahora, si no se hubiese promulgado, seguíamos con un problema real, que es la inconstitucionalidad de algunas normas de la ley Naín-Retamal que fue lo que nosotros señalamos ayer con muchísima fuerza. Decimos esto porque en el fondo se le está diciendo a la ciudadanía que se va a aplicar una normativa que no se va a aplicar, porque va a ser objeto permanente de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en los distintos juicios que se inicien", acotó la parlamentaria oficialista.
Posteriormente, el Partido Comunista se sumó al FA y anunció que "no insistirá ante el Tribunal Constitucional".
A través de un comunicado, la colectividad liderada por el exdiputado Guillermo Teillier afirmó que "entrega su respaldo al Gobierno en la lucha contra la delincuencia" y que "espera que en los proyectos de ley anunciados por el Gobierno se consideren nuestros reparos a la ley, en la reafirmación de la vigencia de los derechos humanos".
El PC expresó además su "rechazo absoluto a los atentados delincuenciales de que han sido objeto Carabineros".
El PC entrega su respaldo al gobierno en la lucha contra la delincuencia. No insistirá ante el TC. Y espera que en los proyectos de ley anunciados por el gobierno se consideren nuestros reparos a la ley, en la reafirmacion de la vigencia de los derechos humanos. pic.twitter.com/TJXX1nDykc
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) April 6, 2023
La nueva ley Naín-Retamal refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, además de endurecer las sanciones penales para quienes agredan y, especialmente, maten a los uniformados. De igual modo, restringe los beneficios carcelarios para los inculpados.
La ley trasladará la presunción de legítima defensa al Código Penal, sacándola del Código de Justicia Militar. Además, el texto refrendado acota esta presunción acasos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.
Así, "se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando estas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior".
En esos casos, agrega el texto, se entederá el uso radional del medio ampliado si en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, se repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física, su vida o la de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa.
La nueva ley estipula que los tribunales, de acuerdo a las circunstancias y si se demuestra que no había necesidad racional del uso del arma, deberán considerar el hecho como atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en virtud de uno, dos o tres grados, salvo que concurra dolo.
