La Fiscalía inició la reformalización de 33 imputados por el fraude en Carabineros, proceso que se extenderá por una semana, y detalló las maniobras para ocultar el dinero sustraído desde la institución uniformada.
Los ex carabineros reformalizados son acusados de integrar la cúpula del megafraude en la institución policial, que hasta ahora supera los 28 mil 348 millones de pesos.
Respecto a las operaciones para sacar el dinero desde las arcas institucionales y traspasarlo a cuentas personales de más de un centenar de personas, el fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, detalló que se utilizaron "cuentas de desahucio y cuentas que no estaban registradas en la Contraloría General de la República, entre otras".
El persecutor también dio a conocer "varios episodios de lavado de activos, donde participaron cada uno de estos dineros que fueron ilícitamente obtenidos por parte de la organización criminal, como asimismo otros miembros que están imputados en otras causas que nacen de la presente".
Uno de los sindicados como cabecilla de la presunta asociación ilícita es el general (r) Flavio Echeverría, quien fue jefe de Finanzas de Carabineros entre 2012 y 2016, período en el que se cometió casi la mitad de lo contabilizado en el fraude.
El abogado de Echeverría, José Luis Andrés, remarcó que "existen inconsistencias en la estructura jurídica que está dando el Ministerio Público a la imputación. El Ministerio Público está comunicando una formalización por asociación ilícita, pero estamos conociendo la modalidad de la malversación, de cómo habrían tenido lugar las sustracciones de dinero".
El profesional criticó que "lo que estamos viendo, creo, es una doble calificación jurídica de una misma conducta y desde esa perspectiva existen algunas inconsistencias en cuanto a la forma en que se está planteando el rol de mi representado en esta supuesta organización criminal".
El plazo de investigación en esta causa finaliza el 4 de marzo, fecha tras cual la Fiscalía tendrá que presentar la acusación, en la que se pedirán penas que parten en los 15 de años de cárcel para los principales imputados.