Entre los reformalizados están los ex directores de finanzas Flavio Echeverría e Iván Whipple, junto al coronel en retiro Arnoldo Rivero.
Se busca aclarar hechos y montos que se vinculan a cada uno de los imputados.
La Fiscalía aún debe definir si formaliza la arista Contraloría.
El próximo 13 de febrero serán reformalizados 33 ex funcionarios de Carabineros sindicados como la cúpula que estuvo detrás del gigantesco fraude al interior de la institución, el cual ya suma los 28 mil 300 millones de pesos desviados.
El Ministerio Público solicitó la reformalización para aclarar hechos y los montos que se vinculan a cada uno de los imputados, los cuales ya enfrentan cargos por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos.
"Primero, por el número y volumen de los involucrados. Son más de 130 imputados formalizados, los cuales fueron separados en la investigación. Nos atañe aquella cúpula precisamente dedicada durante casi 10 años, por no decir el periodo investigado 2006 al 2017, de las diversas cuentas de Carabineros de Chile, aquellas que se encontraban registradas oficialmente, como aquellas que no se encontraban oficialmente, como aquellas que denominamos cuentas fantasmas", detalló el persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos.
Entre los reformalizados están los ex directores de finanzas y generales en retiro Flavio Echeverría e Iván Whipple, y el coronel en retiro Arnoldo Rivero, sindicados como los cabecillas de la red del desfalco y los cuales se mantienen en prisión preventiva.
También enfrentará cargos el mayor en retiro Nelson Valenzuela, cuyo abogado Jonathan Ramírez cuestionó las evidencias que tiene la Fiscalía para sostener el denominado caso "Pacogate".
"Tiene unas falencias muy grandes, sobre todo porque la prueba pericial parte con información no fidedigna, no confiable, manipulable, y la prueba testimonial tenemos que ver que las personas que cambian sus versiones son básicamente aquellas que van acogerse a beneficios y fueron sacadas de esta investigación", argumentó el jurista.
El Ministerio Público tiene plazo hasta el próximo 3 de marzo para seguir investigando, periodo en el que deberá definir si formaliza la arista Contraloría sobre la paralización de un sumario que habría permitido detectar a tiempo el megafraude.
