La Contraloría General de la República declaró inconstitucional el intento del Gobierno para sumar a las Fuerzas Armadas a labores de orden público en dos provincias de la Región del Biobío (Arauco y Biobío) y las dos que conforman La Araucanía (Cautín y Malleco), donde se viven constantes hechos de violencia.
Así lo determinó el contralor Jorge Bermúdez a través de un oficio sobre el decreto 249, de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que había sido enviado este mismo jueves, cuando finaliza al estado de excepción constitucional de catástrofe.
El referido documento de Interior "autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles competentes y policiales, para apoyar a estas últimas en relación a actividades vinculadas con la prevención del porte, tenencia y tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo" en esas zonas de la macrozona sur, sin embargo, "no se ajusta a derecho".
El dictamen de la Contraloría se funda en que, "conforme al artículo 101 de la Constitución, corresponde a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, dar eficacia al derecho y garantizar el orden público y la seguridad pública interior", en tanto que, "de acuerdo con el mismo precepto, las Fuerzas Armadas tienen por función la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional".
"En consecuencia, en el marco constitucional vigente, la autorización para habilitar el involucramiento de las FF.AA. en labores de prevención de delitos en las zonas que se indican y la participación de unidades militares en misiones en materias de orden público y seguridad pública interior, implica alterar la distribución de competencias consagradas en el citado artículo", argumenta.
La Contraloría explica que el decreto, "si bien el artículo primero previene que las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones propias de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, su artículo tercero permite al Ministro de Defensa Nacional nombrar los mandos militares que asumirán el control operacional de las unidades que se desplieguen en la zona, considerando la facultad de planificar y conducir las actividades de las fuerzas asignadas, de manera que puedan desempeñar misiones o actividades específicas".
Por ello, razona, "lo que en definitiva se está autorizando es el despliegue de las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones como las de la especie, reservadas, por disposición expresa de la Carta Fundamental, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública", concluyendo que el decreto de Interior "no resulta procedente".
INTERIOR: "NO ENTENDEMOS LA OBJECIÓN"
En este contexto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que "no entendemos la objeción del contralor".
"El decreto supremo establece que es un rol de colaboración, de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, que es muy limitado en logística, transporte, tecnología, vigilancia y únicamente el rol de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad, nunca involucrándose en operativos policiales y en control del orden público", señaló la autoridad de Gobierno.
Por lo anterior, Galli anunció que se encuentran "evaluando todas las vías, para que todas las capacidades del Estado sean puestas a disposición de los ciudadanos".
Luego de las declaraciones del subsecretario, Contraloría aclaró que "a diferencia del decreto 265, que establece la colaboración en frontera a amenazas exteriores, en este caso trata de un conflicto interno de orden público".
