Cinco suboficiales cumplen prisión preventiva en esta causa.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Metropolitana Sur.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte de la investigación por tráfico de armas en el Ejército al narcotráfico, causa en la que desde el pasado 7 de diciembre cinco suboficiales cumplen prisión preventiva después de ser procesados por infracción a la ley de Armas.
La solicitud para que quedaran privados de libertad fue realizada por el propio CDE en esta causa vinculada a la supuesta venta de armas privadas por parte de funcionarios del Ejército a bandas de narcotraficantes y que comenzó luego que el comandante en jefe, Ricardo Martínez, diera cuenta de estos hechos en una charla privada con oficiales y suboficiales y que luego fue filtrada por The Clinic.
El Ejército dispuso el retiro temporal de los cinco involucrados, mientras se efectúa el trámite de la baja definitiva.
"Tan pronto como el CDE tuvo conocimiento de esta información sobre tráfico ilegal de armas dentro del Ejército decidió intervenir en todas las causas por tráfico ilegal de armas de las cuales se tuviera conocimiento dentro del servicio", dijo la abogada consejera del CDE, María Inés Horvitz.
En tanto, el diputado Gonzalo Fuenzalida, quien integra la comisión investigadora del Ejército, explicó la importancia de que el Fisco se haga parte de la causa.
"Cuando el CDE interviene en una causa es porque hay determinados antecedentes que claramente hubo un perjuicio patrimonial para el Fisco, para el Estado, en este caso es muy significativo que el CDE se haya hecho parte, porque de alguna manera se reconoce por parte del mismo Estado que dentro del Ejército había tráfico de armas y eso es un antes y un después en situaciones que no podemos permitirnos como país", dijo el parlamentario.
En paralelo, el CDE se querelló contra el sargento segundo Víctor Roa, que permanece detenido en el batallón de policía militar por tráfico de armas, municiones y explosivos, y porte y tenencia ilegal de arma prohibida, y que vincula a Roa con un supuesto narcotraficante a quien le habría vendido armamento.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Sur, que también investiga a una decena de uniformados por hechos similares.
