La Contraloría General de la República ordenó investigar un presunto abuso sexual ocurrido al interior de la Escuela Militar luego que la madre de un ex subalférez reclamara al ente fiscalizador que no se realizó un debido proceso al dar de baja a su hijo por el supuesto delito cometido contra otro compañero.
Según publica The Clinic Online, la mujer acusó en su petición que el Ejército no realizó un sumario administrativo para investigar el supuesto hecho como demanda la ley ni tampoco se informó al Ministerio Público, obligación legal de todo funcionario de Estado.
Además, se consigna que "no fue acreditado con ningún medio de prueba válido" el delito ni se le permitió "defensa en los términos que al efecto establecen la ley y reglamentación vigente".
La réplica del Ejército
Tras realizar el sumario, el Ejército replicó al oficio de la entidad investigadora señalando que, según consigna el dictamen, "se concluyó que los hechos denunciados se encontraban suficientemente acreditados y probados mediante el reconocimiento o confesión expresa del citado alumno, lo que se llevó a efecto sin ningún tipo de apremios físicos ni psicológicos, siendo tal confesión conteste con las declaraciones de los involucrados y los testigos, sin que se apreciaran contradicciones de ningún orden".
Así mismo, la institución militar aseguró que el director de dicha academia "se reunió con el alumno para escuchar personalmente su versión, oportunidad en que este volvió a reconocer todos y cada de sus actos, manifestando su decisión de pedir la baja voluntaria" y agregó que los hechos "fueron debidamente acreditados y, en definitiva, su desvinculación del instituto se produjo por una petición personal y voluntaria de su parte".
Investigación fallida
La Contraloría determinó finalmente que la investigación del efecto falló al "asegurar una adecuada defensa del o los inculpados, toda vez que establecen, entre otros aspectos, los plazos dentro de los cuales deben llevarse a cabo las actuaciones; las formalidades de las declaraciones y testimonios presentados en el sumario; la amplia admisibilidad de todos los medios de prueba; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados; los medios de defensa de que pueden hacer uso los inculpados, tales como la formulación de descargos; y la interposición de los recursos que procedan en contra de la sanción dispuesta, instancias que no consta hubieran sido cumplidas" y que por ello se debe realizar una nueva indagatoria e informar de los resultados de esta tanto al Ministerio Público como al mismo órgano fiscalizador.
Antes de su petición a la Contraloría, la madre del subalférez solicitó en diciembre del año pasado a través de la "Ley de Transparencia" a la institución castrense todos los datos referentes al sumario realizado lo que le fue denegado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Antonio Cordero Kehr, en protección de los derechos de terceros.