Tribunal de alzada desechó la petición del Consejo de Defensa del Estado.
Defensas se mostraron conformes con la decisión.
Los tres proveedores formalizados quedaron con cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó dejar en prisión preventiva a los tres proveedores del Ejército formalizados por el delito de fraude al Fisco estimado en más de 2.400 millones de pesos con dineros provenientes de la ley reservada del cobre.
Así se desechó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado que pedía que se cambiara la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual que decretó el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 13 de enero cuando fueron formalizados los tres imputados.
Francisco Huincahue, Raúl Fuentes Quintanilla, y el hijo de este último, César Fuentes, quedaron en la audiencia de formalización del pasado 13 de enero con las cautelares de arraigo nacional y firma mensual, lo que fue considerado como un agravio por el querellante, el abogado del CDE, Raúl Llanos.
"Estos 2.400 millones de pesos es a lo largo de estos años. Se ha pedido informe de bienes de los participantes en este delito y no se ha podido encontrar bienes de cuantía alguna, lo que revela que esos bienes o han sido ocultados, o están a nombre de terceras personas, porque no es tan fácil hacer desaparecer 2.400 millones de pesos", indicó el jurista.
Llanos agregó que "hasta el mes de noviembre del año 2015 los informes periciales de la PDI estaban auditando un universo de 2.500 facturas sospechosas. Ya se había determinado que el fraude ascendía a 2.400 millones de pesos habiéndose auditado unas 1.700 facturas", indicó.
Jorge Valladares, abogado defensor de Raúl Fuentes, indicó que "lo que sostenemos es que acá pudo haber alguna intervención fundada en un error e incluso en algún tipo de fuerza o coerción a su respecto en estos hechos (...) no habrían ocurrido si dentro del Ejército no hay un grupo de funcionarios del escalafón de oficiales y del escalafón de suboficiales, particularmente un sargento y un suboficial que tienen un rol preponderante en estos hechos".
Pese a lo planteado por el CDE, el tribunal de alzada decidió mantener las cautaleras y las defensas de los acusados se mostraron conformes con lo resuelto, apuntando que la única responsabilidad de estos ilícitos la tuvieron los militares procesados.
