El excomandante en jefe (2002-2006) quedó recluido el martes en el batallón de Policía Militar en Peñalolén, procesado por mal uso de gastos reservados.
Su abogado Jorge Bofill presentó un recurso de amparo en la Corte Marcial contra la causa que lleva la ministra Romy Rutherford, a quien acusó de "no tener jurisdicción".
La defensa del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre (2002-2006) presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial solicitando su liberación inmediata y que se declare nulo el procesamiento que lleva la ministra en visita Romy Rutherford, por el delito de malversación de caudales públicos vinculados al mal uso de gastos reservados de la institución castrense.
En el marco de la investigación, que indaga los ilícitos entre 2006 y 2018, Rutherford procesó el martes a Cheyre por un perjuicio fiscal de 128.638.559 pesos, por lo que ingresó a prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar N° 1 de Peñalolén.
Tras ello, el abogado del exjefe militar, Jorge Bofill, mediante un escrito de 10 carillas, cuestionó la resolución de la magistrada, que -según él- constituye una "infracción de lo dispuesto en la Constitución y las leyes", por lo que sería competencia de la Corte Marcial "adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mi representado".
"El auto de procesamiento es ilegal y arbitrario, toda vez que, mediante ella, la ministra en visita extraordinaria se erige en una verdadera comisión especial que dispuso la aprehensión de mi representado sin tener jurisdicción para ello y, además, se funda en graves errores de hecho y de derecho, por lo que no satisface las exigencias del Código de Procedimiento Penal", sostiene en el documento que publica La Tercera.
Entre esos supuestos "errores", apunta que en el procesamiento Rutherford justificó la imputación dando cuenta que, "entre el 9 de marzo de 2006 y el 9 de marzo de 2018 los Comandantes en Jefe del Ejército –cada uno en su periodo– procedieron a instruir verbalmente a quienes se desempeñaban como Directores de Finanzas del Ejército, para que de los recursos fiscales dispuestos por concepto de 'Gastos Reservados', hicieran entrega al jefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, en forma parcializada y según requerimiento verbal, a lo menos trimestralmente, de una cantidad que en total ascendió a la época a 11.552.829.859 pesos", por lo que Cheyre no debería estar involucrado, dado que él justamente fue cesado en el cargo el 9 de marzo de 2006.
Asimismo, la defensa considera que la ministra "excedió su competencia" dado que el procesamiento no se erige en un delito militar, en un delito ocurrido en territorio ocupado militarmente ni en un ilícito común atribuido a Cheyre en tanto militar. "Al someter a proceso y, consecuencialmente, disponer la aprehensión de mi representado, se erigió en una verdadera comisión especial respecto de este, en violación de lo dispuesto en la Constitución", enfatiza.
Igualmente, a juicio del abogaso, Rutherford "simplemente desconoce la reglamentación vigente durante todo el período materia de la imputación", equivocación que "determina, entonces, que el auto de procesamiento es ilegal".
"La entrega de los dineros encuentra su fundamento en un decreto de 14 de enero de 1998 firmado por orden del Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien dispuso que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Director y el Director General, de las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, respectivamente, debían proporcionar con cargo a sus propios recursos institucionales, los medios humanos, materiales y logísticos necesarios para la debida protección y seguridad de quienes hubieran ejercido el mando superior de alguna de las instituciones de la defensa nacional. Es decir, ordenaba a los Comandantes en Jefe del Ejército proporcionar medios materiales (¿qué es el dinero sino un medio material?) para la protección y seguridad", expone largamente.
Con todo, de acuerdo con el rotativo, Bofill solicitó que se declare nulo el procesamiento y se pida informe al 2° Juzgado Militar de Santiago y a la Primera Fiscalía Militar de Santiago: si ambos documentos son emanados durante esta tarde, es posible que la Corte pueda resolver esta misma jornada; de lo contrario, se citaría a sesión extraordinaria para mañana viernes.
En paralelo, el martes Rutherford también amplió los procesamientos de los excomandantes en jefe del Ejército Óscar Izurieta (2006-2010) y a Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) por montos que equivalen a 50.714.559 y 95.153.689 pesos, respectivamente, quienes se mantienen en libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial.
Cheyre, por su parte, también está procesado por causas de violación a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar.
