El abogado Juan Carlos Manríquez, quien defiende al renunciado comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau (2018-2022), planteó que al interior del Ejército durante décadas existió una cultura institucional que ha promovido el mal uso de pasajes, al punto de que quienes incurrieron en esas irregularidades pudieron haberlo hecho sin tener conciencia de que estaban cometiendo un delito.
El jurista conversó esta mañana con El Diario de Cooperativa, en la antesala de la declaración de Martínez ante la ministra en visita Romy Rutherford, de la Corte Marcial, como "inculpado" en la investigación por fraude en la institución castrense, específicamente en las aristas "Pasajes y Fletes" -uso irregular de dinero asignado para viajes oficiales- y "Gastos Reservados" -presunta malversación de recursos destinados a Seguridad e Inteligencia-.
Respaldando la inocencia del general, Manríquez repasó que "cuando él asume la comandancia en jefe, una de sus primeras medidas es pedir informes, hacerse asesorar y revisar si esa situación que ya era conocida, porque había procesos, era correcta; cita una cantidad considerable de expertos, revisa los documentos internos, recibe un informe del profesor Jean Pierre Matus (hoy ministro de la Corte Suprema), se hace un sumario interno, se cambian las normas y se revisa, es importante decirlo, reglamentación interna que rigió por 30 años que decía expresamente que la manera de ocupar los pasajes era un derecho de cada persona que viajaba, y así se había interpretado".
"El general Martínez entendió que ahí había una serie de irregularidades, y dispuso que se terminara con ese sistema, y más aun, en ese contexto dispone la apertura de una cuenta única para que, si se estimara que pudiera haber algún conflicto o una cuestión administrativa irregular, se devolviera algunas partes", sostuvo.
"NO CAMBIÓ MONTOS, PASAJES NI SE QUEDÓ CON LA DIFERENCIA"
Según se supo en vísperas, la Policía de Investigaciones pesquisa 15 traslados de Martínez registrados entre 2009 y 2019, analizando en cuántos de estos hubo conductas irregulares con los fondos que le fueron otorgados para salir del país.
El jurista aseguró que "en esa revisión tenemos la convicción de que el general Martínez, si viajó como comandante en jefe o en misión oficial, lo hizo siempre como un acto administrativo, con los destinos, los fondos, sin cambiar montos, pasajes ni quedarse con la diferencia", a la vez que remarcó que "hay muy buena contra evidencia para dejar en claro que Martínez no está en ninguno de los casos que se ha intentado configurar como delito".
En esa línea, apuntó que lo que ha ocurrido en el Ejército en ese ámbito "no se trata de una cultura de mal uso, (sino) tiene una significación técnica espesa".
"Ocurre que los viajes en el Ejército, por regla en las instituciones armadas, se conceden a las personas de mejor rendimiento y comportamiento funcionario. Esas personas se han formado en el Ejército desde los 15 ó 16 años, en una estructura jerarquizada y obediente, y cuando uno viajaba, la unidad respectiva de pasajes y fletes prácticamente hacía una suerte de inducción a cada viajero, le entregaba documentos y le decía que tenía derecho a esos montos", describió.
Aquello, según su argumentación, "impacta en lo que se llama la conciencia de ilicitud: si uno recibe eso formalmente, y está convencido y así ha sido instruido por años, no lo va a reprochar, y si es así, allí podría haber habido un error de extensión que elimina cualquier malicia y dolo; esos son 'partícipes no dolosos'".
"Y si alguien elaboró esa estructura, fue hace más de 30 años", puntualizó.
FUNCIONAMIENTO "PERTURBADOR" DE LA JUSTICIA MILITAR
Sobre la causa contra su defendido, Manríquez reparó duramente en el funcionamiento de la Corte Marcial, dado que como la justicia militar tramita con las reglas del sistema penal antiguo, la ministra Rutherford tiene la facultad de ordenar dejar al interrogado detenido por -al menos- cinco días antes de decidir si lo procesa o lo deja libre.
En ese marco, reconoció que, "más que tener la convicción de que va a quedar detenido, es un escenario posible, porque -reprochó- hasta ahora la técnica de investigación del tribunal ha sido detener para investigar, y no investigar para detener".
Asimismo, aunque "el tribunal tiene deberes y facultades que ejercer, y lo hace en ese marco; se ha investigado a todos los comandantes en jefe, y ese es el plan del tribunal", enfatizó que "el punto es que eso requiere reglas mínimas y un respeto mínimo al debido proceso", sin embargo -deploró-, aquellos son "estándares que la Justicia Militar no otorga".
Igualmente existe "una ventaja procesal inconcebible: concentrar el poder en un solo órgano y además a ciegas, de tal manera que uno llega a la diligencia sin saber precisamente qué le van a preguntar y para qué", fustigó: "Eso hoy es un poquito perturbador".
DENUNCIA POR FILTRACIONES
Manríquez acusó, por otra parte, que las decisiones de la ministra Rutherford en la indagatoria las "conocieron terceros antes que nosotros". Por ello, "presenté una denuncia ante el fiscal nacional (Jorge Abbott) por filtraciones en la causa, la que fue recibida".
El letra consideró que "esas filtraciones producen un efecto, que es debilitar más aun las pocas posibilidades de defensa en ese procedimiento que tiene 200 años, y generar un ambiente de presión sobre el cual se busca jugar con contradicciones y dejar una vez más al indagado en posición mucho más débil".
"Es una ventaja indebida", sentenció.
