El Ejército de Chile defendió las labores de inteligencia que lleva a cabo la dirección respectiva, luego de que diversas publicaciones de prensa que apuntaran a la realización de espionaje contra cuatro denunciantes de irregularidades al interior de la institución.
Según un reportaje de La Tercera, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) llevó a cabo la "Operación Topógrafo", en 2017, en que espió durante al menos seis meses a dos funcionarios activos y dos en retiro, todos denunciantes, por sospechas de presuntas filtraciones de documentos de la Ley Reservada del Cobre, considerados secreto militar; durante la comandancia de Humberto Oviedo.
A través de un comunicado, el Ejército, sin confirmar ni negar el supuesto espionaje, aseguró que "las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N° 19.974 (...) contando con la aprobación de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago designados al efecto, en los caso que es exigido por la ley".
"Dicho cuerpo legal establece, además, en su artículo 38, que 'se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal'", detalló.
Asimismo, sostuvo que "el control de las actividades de inteligencia está entregado a los tribunales de justicia y a la comisión especial de la Cámara de Diputados, ante la cual comparece y comparecerá, siempre que sea requerido, el director de Inteligencia del Ejército de Chile".
Además, el Ejército respondió a La Tercera que no tiene acceso a las labores de inteligencia de la DINE, y que sus actividades son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial.
De acuerdo con el reportaje del matutino, la DINE espió al capitán Rafael Harvey Valdés, al ex teniente Carlos Farías, al ex sargento Juan Pablo Díaz Pino y al cabo primero Sergio Tudesca, indagaciones que quedaron reflejadas en al menos cinco minutos y 18 páginas con transcripciones de las escuchas telefónicas, de entre junio y agosto de ese año.
Suspicacias del presidente de la Comisión de Defensa
El diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja, "los cuatro interceptados solo tienen en común tener la calidad de denunciantes de hechos de corrupción, y si se interceptan llamadas a simples denuncantes de corrupción, me cae la duda si es que en otros intereses que tiene el Ejército, en otros poderes del Estado, también han utilizado este tipo de acciones".
En ese contexto, bastante crítico apuntó que "los que debieran estar interceptados son aquellos que tienen en sus manos poder de fuego, armas que se han perdido desde la misma institución o quienes ya están siendo procesados por corrupción, no quienes son denunciantes".
"La ley es clara, solo se permiten cuando hay terrosismo, narcotráfico o alguna amenaza extranjera, externa, para nuestra soberanía y seguridad nacional, y no para procesos claramente internos que tienen que ver con casos de corrupción e irregularidades. Al parecer están abusando de la confianza que les hemos otorgado", acusó.
En ese sentido, dijo esperar "que el Gobierno colabore a entregar claridad y soluciones, y que el Ministerio de Defensa se pronuncie, porque por ley dirige las Fuerzas Armadas".
El ministro de Defensa, Alberto Espina, y el actual comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, fueron citados por la instancia para que este martes asistan a entregar explicaciones.
Desde la UDI defienden escuchas
Por su parte, el senador Víctor Pérez (UDI), integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta, dijo que ante las "dudas de que las escuchas son legales, el Ejército sin duda tiene acciones de inteligencia y contrainteligencia".
Asimismo, sostuvo que "llama la atención que esto genere tanto ruido, cuando la mayor crítica ciudadana pedía que hubiera un control sobre su personal; y ahora que hay, se genera toda esta situación".
En tanto, aseguró que "estas escuchas, salvo que haya una confirmación posterior, son legales", e incluso dijo que "acá hay una filtración (del supuesto espionaje) que sin dudas transgrede la ley de inteligencia".
Siempre según la publicación, la "Operación Topógrafo" estuvo precedida por la "Operación W", dirigida contra el periodista Mauricio Weibel, quien en 2016 publicó el libro "Traición a la Patria", donde entrega detalles del desfalco en el Ejército de dineros proveniente de la Ley Reservada del Cobre, cuya derogación fue recientemente despachada del Congreso. El aludido anunció que pedirá que se investigue el presunto espionaje en su contra.
