Los montos presuntamente defraudados a través del "Plan de Cultura y Clima Organizacional" ascienden a 2.811 millones de pesos.
Tra el cierre del Fondo de Ayuda Mutua en 2006 unos 500 funcionarios perdieron todos sus recursos invertidos
El Ejército confirmó que existen dos investigaciones sumarias, en etapa final, para indagar un eventual fraude del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) en el que hay más de 500 funcionarios involucrados.
El Ministerio Público indaga, en este caso, mecanismos fraudulentos al interior de la institución para resarcir los recursos perdidos por más de 500 funcionarios que pertenecían al FAM, que operó en la IV División del Ejército de Aysén hasta el 2006, y que funcionaba de un modo similar al de las estructuras piramidales.
La magnitud de la investigación llevada adelante desde hace dos años por el Ministerio Público implica la participación de más de 560 personas, y los montos presuntamente defraudados a través del "Plan de Cultura y Clima Organizacional" ascienden a 2.811 millones de pesos.
A través de un comunicado, el Ejército explicó que este fondo existió "desde la década de los 50' en la Región de Aysén, el que estaba conformado mayoritariamente por suboficiales de la institución, siendo una iniciativa de carácter privada para generar ayudas solidarias entre el personal. Este fondo funcionó ininterrumpidamente hasta que se declara su insolvencia, por lo que el mando en jefe de la época determinó el 2008 efectuar una serie de medidas administrativas tendientes a apoyar a los suboficiales afectados, las que duraron hasta el 2016".
La entidad precisó que la investigaciónse basa en una denuncia presentada en 2017 por el propio Ejército ante la Fiscalía Militar de Coyhaique tras un preinforme de Contraloría que dio cuenta de irregularidades cometidas entre 2015 y 2016 por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios de la IV División.
Debido a ello, agregó el Ejército, se instruyó "dos investigaciones sumarias administrativas, las que actualmente se encuentran en su etapa final y tienen por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan".
"Asimismo, se han entregado todos los antecedentes y prestado la colaboración a la realización de las diligencias que ha llevado a cabo la Fiscalía en la investigación de las situaciones producidas entre el 2008 y el 2016. Así también, le corresponderá a las distintas autoridades durante ese periodo que tuvieron injerencia en la implementación de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador", sostuvo la institución.
Respecto a las personas involucradas, el Ejército detalló que "a la fecha existe personal activo de oficiales y suboficiales que presentan la calidad de imputados en la investigación. Sin embargo, ello no implica prejuzgamiento alguno", así, ante "una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que determinen en cada caso".
Finalmente la institución sostuvo que "el Ejército no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos, no obstante, es importante tener presente que en una investigación tan amplia como la que se ha conocido en estos días, cada situación particular es diferente a las demás, esperando que se distinga en el transcurso de la investigación entre aquellos supuestos en que los servicios contratados y las comisiones de servicio fueron efectivamente prestadas y realizadas, de aquellas apartadas de la legalidad".
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— Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) December 23, 2020
