El mecanismo de prevención del lavado de activos "falló absolutamente", dijo el persecutor de la Fiscalía Centro Norte.
Cuestionó que no existía trazabilidad de los gastos realizados por el ex comandante en jefe del Ejército.
El Ministerio Público pide una pena de 15 años de presidio para Fuente-Alba.
El fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, cuestionó en Cooperativa el rol de los bancos en los casos de lavado de activos, especialmente en el caso del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el persecutor recordó que "el señor Fuente-Alba tenía a su disposición una gran cantidad de recursos como consecuencia de los gastos reservados, estamos hablando de alrededor de 1.100 millones de pesos al año y dos millones de dólares, que hasta el año 2020 tenían una regulación bastante precaria que permitían obviamente que estos dineros no tuviesen ningún tipo de control después que eran extraídos desde BancoEstado en dinero en efectivo".
"Después no había ninguna trazabilidad de cómo se gastaba, ningún reporte documental de cómo se gastaban estos bienes y en el caso del imputado Fuente-Alba, si es que eran gastados en fines propios", dijo.
Morales indicó que "hay autos comprados con tarjeta de crédito, aparentemente una trazabilidad lícita, pero después usted analiza como se pagan estas tarjetas de crédito y se pagan muchas veces con dinero en efectivo".
"Es evidente que todo el mecanismo de prevención del lavado de activos, que en nuestro país es bastante importante y liderado por la Unidad de Análisis Financiero, falló absolutamente. En el caso de las automotoras no falló por una cuestión que uno no se explica, las automotoras no están incluidas en aquellos sujetos que deben remitir o reportar operaciones sospechosas, como los bancos por ejemplo", agregó.
Finalmente, Morales puntualizó que los bancos "facilitaron muchas operaciones para los efectos que esta persona siguiera con sus delitos y se aprovechara de los bienes que se había apropiado del patrimonio nacional. Hay que recordar que se trata de fondos públicos, no son fondos privados, lo cual agrava más la conducta".
