El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, lideró, en dependencias del Ejército en Santiago, nuevas diligencias relativas a la investigación por fraude al Fisco denunciado al interior de la IV División de la institución castrense con jurisdicción en la zona austral.
Las indagatorias se efectuaron junto a un equipo de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI, en los comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General de dicha institución, ubicado en Avenida Tupper, en la comuna de Santiago.
Palma aseguró, al término de lo obrado, que recibió colaboración del personal de Ejército.
"Obtuvimos de ellos la entrega de información, documentación, equipos computacionales y acceso a correos electrónicos e información financiera, que nos resultaba sustancial al momento de determinar la existencia de estos ilícitos", dijo el persecutor.
El fiscal además explicó el presunto fraude, y puntualizó que "las comisiones de servicio se decretaban y se pagaban, sin emgargo, no se hacían. Los contratos de trabajo que se suscribían (en las divisiones del ejército) no llevaban abarajados, en la práctica, la realización de trabajos, por lo tanto, existían salidas de dinero sin justificación, y además en algunos casos había una extención de los beneficios post retiro en un plazo mayor al legalmente permitido".
Estamos cooperando con el Ministerio Público
En tanto, el comandante subrogante en Jefe del Ejército, general de división John Griffiths, señaló que la institución está colaborando con el Ministerio Público, realizando dos uinvestigaciones internas.
"No solamente estamos al tanto de la investigación de esta Fiscalía, sino que estamos cooperando plena y decididamente. En función de ello es que el señor fiscal regional fue bien recibido por el comandante personal el día miércoles", señaló Griffiths.
"Existen dos investigaciones internas, pero ustedes comprenderan que al no estar cerradas yo no me puedo pronunciar respecto a los principales hallazgos", agregó el uniformado.
La investigación, iniciada tras un presentación de Contraloría ante el Ministerio Público, incluye hechos desde el año 2011 en adelante, e involucra montos superiores a los 300 millones de pesos, pero correspondientes éstos sólo a los años 2015 y 2016, por lo que se estima que la cifra podría aumentar.