Fiscalía sostiene que fraudulento plan del Ejército costó 2.800 millones al Fisco
El Ministerio Público lleva dos años investigando irregularidades que comenzaron en la época del general Óscar Izurieta Ferrer (2006-2010).
Señala que, por orden suya, se creó un "Plan de Cultura y Clima Organizacional" que, secretamente, buscó "resarcir a funcionarios" afectados por un esquema piramidal de inversiones (Fondo de Ayuda Mutua) que operó en Aysén.
"Una comisión de servicio era ir al Parque Arauco", ejemplificó el fiscal Luis González.
La magnitud de la causa ha sido una de las dificultades de la investigación: aparecen 560 personas involucradas.
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La Fiscalía Regional de Aysén entregó detalles de una investigación iniciada en 2018 y que involucra a un grupo de funcionarios del Ejército vinculados con un fraude al Fisco que se estima en más de 2.800 millones de pesos.
El Ministerio Público indaga, en este caso, mecanismos fraudulentos al interior de la institución para resarcir los recursos perdidos por más de 500 funcionarios que pertenecían al Fondo de Ayuda Mutua (FAM), que operó en la IV División del Ejército de Aysén hasta el 2006, y que funcionaba de un modo similitar al de las estructuras piramidales.
"Se determina la existencia del 'Plan de Cultura y Clima Organizacional' para lograr resarcir a todos los funcionarios del Ejército afectados por el cierre del FAM", explicó el fiscal Luis González.
"Éste no funciona sólo entre 2015 y 2017, como indica la Contraloría; este Plan funciona entre el año 2008 y 2017. El comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, ordena la creación del plan el año 2008", detalló el persecutor.
Múltiples acciones "defraudatorias"
En allanamientos realizados al Edificio Bicentenario del Ejército y en la IV División de la Región de Aysén, se recuperó el memorándum 1000/439 de la Dirección de Personal, que daba cuenta de una reunión, en el octubre 2008, del general Izurieta con el personal afectado por el Fondo de Ayuda Mutua, donde se determinaban los mecanismos a través de los cuales se les devolverían los recursos perdidos, con cargo al "Plan de Cultura y Clima Organizacional" (PCCO).
Según explicó el fiscal Luis González, son 13 los mecanismos utilizados para este fin, entre ellos "comisiones de servicio que no tenían que ver con ningún tipo de desarrollo institucional; por ejemplo, donde dentro de la comisión era (una instrucción) ir al Parque Arauco".
"En ese contexto, las hipótesis son defraudatorias: despachos anticipados, donde se le indicaba al funcionario que se iba a retiro, pero tenía que retirarse seis meses antes y lo mantenían como activo en los partes de fuerza, para seguirle pagando y resarcirle económicamente", detalló el persecutor.
La decisión de crear este mecanismo -que operaba a través del "Plan de Cultura y Clima Organizacional"- fue tomada a pesar de los fallos judiciales por las causas del Fondo de Ayuda Mutua, en los que se determinaba que el Ejército no tenía responsabilidad y, por ende, no debía devolver los recursos que los funcionarios habían perdido.
Los fraudes al Fisco "tuvieron vinculación con la solicitud de creación del PCCO, a través del comandante en jefe del Ejército; tuvieron nivel de diseño que vincula al jefe del Estado Mayor, al auditor general del Ejército, a la Contraloría del Ejército, al Departamento de Personal y al Departamento de Finanzas; y tuvieron vía de ejecución a través del Departamento de Personal, Comando de Operaciones Terrestres, División de Logística, la DAE y la IV División del Ejército", detalló el fiscal Luis González para graficar "la tranversalidad con que estas medidas se ejecutaron" al interior de la institución castrense.
La magnitud de la investigación llevada adelante desde hace dos años por el Ministerio Público implica la participación de más de 560 personas, y los montos presuntamente defraudados a través del "Plan de Cultura y Clima Organizacional" ascienden a 2.811 millones de pesos.
Solicitud de sobreseimiento de imputado
Los detalles de la investigación fueron solicitados por la defensa del coronel de Ejército Christian Arrigada, ex comandante del Regimiento Nº 8 San Carlos de Ancud de Coyhaique: pidió conocer los hechos por los que actualmente es investigado en calidad de imputado, aún no formalizado.
En la misma audiencia, su defensa solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa.
"Ellos sólo habían sido destinados a mandar una unidad táctica y hacían su trabajo. Mi patrocinado nunca supo de qué se trataba este Plan de Cultura y Clima Organizacional", señaló el abogado defensor, Ernesto Allendes.
El jurista apuntó que estar en calidad de imputado ha perjudicado la carrera del oficial, con "más de 30 años de servicio, una hoja intachable".
"No es ascendido a general porque está imputado en una causa, pierde parte de su carrera por haber ido a mandar un regimiento", dijo Allendes.
Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, el juez Mario Devaud rechazó la solicitud de sobreseimiento del coronel, y concedió una prórroga de cinco meses para el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta la magnitud de los hechos denunciados, la cantidad de personas involucradas y el gran número de documentos que debe revisar la Fuerza de Tarea de la PDI Aysén, a cargo de las diligencias por el delito de fraude al fisco.
