La comisión investigadora de la Cámara de Diputados retomó las indagatorias por el millonario fraude al fisco en el Ejército, dando cuenta de antecedentes que apuntan a que las irregularidades se ejecutaron a nivel nacional.
Así se desprende de los informes entregados por el periodista Mauricio Weibel, quien a través del semanario The Clinic destapó el caso bautizado como "Milicogate". Weibel detalló que el fraude se cometió a nivel país encabezado por el cabo Juan Carlos Cruz.
Según los antecedentes, "hay distintos grupos al interior del Ejército que se coludieron con distintas empresas para poder defraudar el fondo de la Ley Reservada. Hay personas que trabajan en Arica, no hay grupos organizados con un jefe, son distintos grupos. Sí hay un elemento común denominador, que es el cabo Cruz, que procesa muchos de estos pagos en forma irregular", afirmó el diputado DC Jaime Pilowsky, presidente de la comisión.
Durante febrero el ministro en visita Omar Astudillo procesó a tres ex efectivos del Ejército por fraude al fisco, proceso que el Consejo de Defensa del Estado pretendía incluir con medidas cautelares reales para Raúl y César Fuentes por el fraude estimado en más de 2.500 millones de pesos a la Ley Reservada del Cobre.
"Ejercicio abusivo"
Pero el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró la solicitud como infundada y rechazó además la petición de tenencia de 46 vehículos entre buses y camionetas y dos inmuebles que les pertenecen. Por ello, el querellante Raúl Llanos explicó que con esto se prepararán ante futuras indemnizaciones.
"Espero asegurar parcialmente el éxito de las acciones civiles que, en su oportunidad, se deducirán a finales del juicio y a perjuicio del fisco de Chile con estos delitos investigados, reitera entonces su petición de que se decrete esta medida cautelar real de prohibición de celebrar actos de contrato respecto de los imputados ya señalados, los inmuebles y de los vehículos mencionados en dicha presentación", precisó.
En tanto, el abogado defensor Jorge Valladares cuestionó la estrategia del Consejo de Defensa del Estado por intentar "condenas anticipadas", argumentando que, a su modo de ver, "era lo que correspondía decretar en relación con los nulos antecedentes que había puesto el Consejo de Defensa".
"Se está haciendo un ejercicio abusivo de la función pública desde el momento en que se trata simplemente por repetición de una idea: pretender que eso es suficiente para imputar un hecho y entender que este ha sido cometido. Por tanto, por mérito de esta imputación, hacer solicitudes de por ejemplo, en este caso, prohibición de ejecutar actos y contratos sobre bienes de mi representado", agregó Valladares.