La organización Londres 38 cuestionó el sumario firmado por el recién nombrado comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau sobre la investigación que realizó la institución por la quema de archivos en microfilm de la Central Nacional de Información (CNI) y que "confirma y acredita con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982".
En una declaración pública, el colectivo considera además que Martínez está inhabilitado para asumir el cargo en reemplazo de Humberto Oviedo, lo que debiera ocurrir en marzo de 2018.
"El sobreseimiento a los responsables al que refiere el informe, implica una clara y expresa violación a los derechos humanos, y la inacción del Estado Chileno confirma dicha vulneración, ya que la información sobre crímenes de lesa humanidad debe ser resguardada y entregada a los tribunales de justicia, y su eliminación u ocultamiento implica complicidad con estos crímenes", señala la declaración.
"La complicidad explícita de Martínez con el contenido del informe y la completa absolución que otorgó a los responsables de la supuesta destrucción de los archivos, lo inhabilitan para asumir toda responsabilidad en el Ejército. Exigimos al gobierno y, en especial a la Presidenta de la República, que revierta esta decisión y cumpla con su deber de asegurar el libre acceso a la información y el derecho a la verdad. Su confirmación significaría un nuevo acto de complicidad, esta vez de parte del ejecutivo y de la máxima autoridad", añade el texto.
Londres 38 además señala que "estos hechos son aún más graves si se considera el reciente nombramiento como Comandante en jefe del Ejército a Martínez Menanteau, el oficial que firmó dicho informe, con fecha 03 de junio de 2016, cuando se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General".
"Es inconcebible que las autoridades desconocieran esta información y la responsabilidad de Martínez, oficial que -como muchos otros militares chilenos- cuenta además con un diplomado de 'operaciones conjuntas en el Instituto de Cooperación de Seguridad Hemisférica en EE.UU', nombre bajo el cual se conoce ahora la Escuela de las Américas que, en el pasado reciente, formó a la mayoría de los oficiales latinoamericanos responsables de las más cruentas dictaduras en el continente", agrega la organización.
Según se conoció en la víspera, Martínez cerró un sumario en junio de 2016 que señala que "no existe información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982", donde se añade que "resultaría imposible de aplicar" sanciones administrativas pues los hechos están prescritos.
Ejército: Se ha actuado con apego a la legalidad
En tanto, el Ejército aclaró aspectos de este sumario señalando que "con fecha 03 de junio de 2016, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército (Ricardo Martínez), tras recibir el dictamen fiscal del sumario, resolvió el Sumario, señalando en lo principal que dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, jurídicamente y en el ámbito administrativo de su competencia, no resultaba posible decretar medidas disciplinarias en contra de los eventuales responsables por encontrarse prescrita dicha responsabilidad administrativa".
"No obstante, se efectuó un reproche ético y moral, respecto de la ocurrencia de estos hechos, que contravienen la doctrina institucional, al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto reglamentariamente para los casos de destrucción de documentación. Es decir, el general Martínez, en su calidad de Jefe del Estado Mayor General del Ejército, no dispuso la destrucción de documento alguno, como ha trascendido en algunos medios", señala la entidad castrense.
Además, el Ejército sostuvo que se remitió la investigación sumaria en su integridad al ministro en visita Alejandro Madrid, quien investiga el magnicidio de Eduardo Frei Montalva, considerando que eventualmente se quemaron documentos relativos al ex Presidente.
"En consecuencia, es un deber para el Ejército de Chile aclarar a la opinión pública que se ha actuado con apego a la legalidad y a su competencia respecto de hechos ocurridos con anterioridad, sobre los que es impracticable la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa, sin perjuicio de haberse remitido los antecedentes a los tribunales, dentro de la política institucional y compromiso permanente de colaboración con la justicia", concluye.
