La ministra Romy Rutherford reanudó su investigación del fraude en el Ejército con la incautación de diversa documentación desde la misión militar de Washington, que corresponde a la arista conocida como "empresas de turismo", por pasajes que fueron pagados y nunca utilizados por los oficiales.
El Mercurio indicó que mucho antes de viajar a los Estados Unidos, donde llegó este lunes, Rutherford había requerido diversos antecedentes a la institución castrense desde 2019, como los registros de compras de la misión militar, pues los pagos de facturas en dólares del Ejército se tramitan en la capital de la potencia mundial.
Además de incautar documentación, en los últimos días también tomó declaraciones al personal de la agregaduría, que está a cargo del general Pedro Varela.
En la arista antes mencionada se pesquisan las comisiones de servicio en el extranjero y a esta misión, y varios funcionarios se encuentran procesados en este marco a raíz del abultamiento de pasajes o devoluciones de dinero en efectivo por parte de las agencias, así como por un eventual uso irregular de gastos reservados.
La misión en Washington -que estuvo a cargo de los ex comandantes en jefe del Ejército investigados Juan Miguel Fuente-Alba (2006-2007) y Humberto Oviedo (2011-2012), así como del general (r) Guillermo Porcile Arellano (2012)- cuenta con un presupuesto de cerca de 110 mil dólares anuales para gastos reservados para inteligencia, que se habrían utilizado en viajes y en adquirir artículos fuera de la norma que regula el uso de los recursos.
La magistrada también está atenta a otros antecedentes de irregularidades en la compra de pertrechos militares desde Estados Unidos, agregaduría en la que actualmente se desempeñan 16 personas: el general Varela, nueve uniformados -entre encargados de seguridad un jefe de Finanzas y de Adquisiciones-, además de civiles que apoyan la administración.
