Iván Aróstica defendió la decisión, dijo que los ministros no hicieron nada incorrecto y rechazó las "insólitas" suspicacias por su pasado como fiscal de Capredena.
Subrayó no tener dudas de que la jueza Romy Rutherford "se ha ajustado a la ley" en el caso, pero aclaró que en el Tribunal "vemos si (eso) es constitucional o no".
El presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, negó tener cualquier tipo de "pacto" con el Ejército y defendió la decisión de paralizar toda la causa en contra del ex comandante en jefe de la institución castrense Humberto Oviedo por malversación de caudales públicos, que lleva la ministra Romy Rutherford.
Diversos cuestionamientos han recibido el TC y Aróstica -quien fue el voto dirimente-, luego de que la semana pasada, en una votación dividida, la primera sala del Tribunal determinó que la resolución de enero pasado que había tomado respecto a la paralización total de la causa en contra de Oviedo, detiene la causa completa que se sigue contra el militar en retiro. Incluso se llegó a plantear un presunto "pacto de impunidad" a favor del Ejército.
"Insólito", rechazó tajantemente Aróstica. "Hemos llegado a niveles que me parecen totalmente extraños. Yo no tengo ningún pacto con el Ejército", fustigó, en entrevista con La Tercera.
Bajo en ese contexto, contó que "me han sacado en cara que fui fiscal de la Caja de la Defensa (Capredena) en 1996, lo que en realidad era un organismo civil, no del Ejército. Y además no salí bien de esa repartición, me echaron; así alguien podría decir también que yo tengo animadversión contra la institución", ante lo cual, insistió, que "soy muy claro en decir que no hay ningún pacto".
"A un juez no tiene que preguntarle por sus opiniones personales. Si un magistrado no tuviera opiniones personales, no sería persona. Los ministros que suscribimos la suspensión no estamos incurriendo en nada incorrecto, hemos sido consecuentes con todos nuestros fallos, independientemente de que el involucrado sea Pedro, Juan y Diego", argumentó.
No obstante, subrayó no tener "dudas de que la ministra se ha ajustado rigurosamente a la ley", toda vez que "estamos súper claros en el problema (...) la ley dice que el sumario es secreto; nosotros vemos si esa ley es constitucional o no, y no solo en el caso de Oviedo (...) ahora esa ley tiene que pasar por el cedazo de la Constitución. El TC debe verlo con calma, lo que no significa una demora, sino verlo con la suficiente prudencia".
"Está en juego el Estado de Derecho"
Asimismo, Aróstica, que dejará el cargo a fines de agosto, aseguró que lo que viene es que el pleno del TC va a tener que analizar un tema "un poco más complejo", porque "lo que está en juego en este caso va más allá del caso del señor Oviedo".
"Está en juego el Estado de Derecho. O sea, cómo vamos a entender el Estado a Derecho a futuro", planteó, exponiendo que "Chile, más allá del caso Oviedo, ha venido en las últimas mediciones internacionales cayendo en materia del Estado de Derecho".
Eso, explicó el abogado, "se concreta en una falta de certeza y seguridad jurídica", de las cuales "todos somos responsables: los jueces, los legisladores, el Ejecutivo, la Contraloría". Por cuenta, dijo hablar "por los jueces constitucionales: tenemos que dar certeza y decir qué vamos a hacer con todos estos procesos. Uno no solo piensa en el señor Oviedo, sino en qué vamos a hacer a futuro", dijo.
"No podemos contentarnos con un mínimo del Estado de Derecho, tenemos que ir más allá, porque de eso depende el desarrollo del país y la seriedad que proyectamos afuera", instó.
La pasada jornada, la Primera Sala del TC respondió a la aclaratoria que solicitó la ministra en Rutherford sobre los alcances de la suspensión del proceso contra Oviedo por la presunta malversación de caudales públicos por 4.500 millones de pesos, y confirmó que la paralización de la indagatoria sólo afecta al general (r) y no al resto de los investigados en los 30 cuadernos que acumula el fraude en la institución castrense.
