El Ministerio de Defensa anunció que el Ejecutivo trabajará en dos frentes para aclarar las posibles irregularidades en los pagos a uniformados en retiro.
Se entregarán propuestas al Congreso en un plazo de 45 días.
Los ministerios de Defensa y Trabajo abordarán el tema en forma coordinada.
El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, aseguró que el Gobierno "no aceptará abusos" en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden.
A raíz de los casos presentados en el capítulo del domingo de "Informe Especial", Gómez anunció que el Ejecutivo tomará dos líneas de acción para aclarar la situación de las pensiones de invalidez de ex militares sanos o condenados por violaciones a los derechos humanos.
Debido a esto, se trabajará en el ámbito legislativo en una mesa con representantes del Ministerio del Trabajo, que entregará en 45 días una serie de propuestas al Congreso en busca de eliminar este tipo de distorsiones en la entrega de jubilaciones.
Además -ya que el Gobierno no tiene atribución legal para modificar o detener las pensiones actuales- se enviarán en 30 días oficios a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado con el fin de perseguir judicial o administrativamente las posibles irregularidades.
"No vamos a proteger a nadie ni vamos a permitir que recursos que son de todos los chilenos estén mal utilizados. Nosotros no tenemos facultades de anular, por lo tanto todos los antecedentes que hemos recabado los vamos a enviar a la Contraloría General de la República para que analice si estas pensiones pueden o no ser revisadas, y en segundo lugar al Consejo de Defensa del Estado para que determine si existe alguna situación irregular desde el punto de vista penal", sostuvo el ministro.
Una comisión única para las tres ramas
Gómez destacó además que una sola comisión de salud se hará cargo de revisar a los uniformados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
"Vamos a integrar esa comisión en igualdad de condiciones. Una sola comisión para las tres instituciones y con las misas condiciones para cada una de ellas. Segundo, los antecedentes que se reciban de ella tienen que venir bien certificados", explicó el ministro.
Gómez indicó que esta comisión la integrarán los médicos de las instituciones y que la lista con la que se declarará a una persona con incapacidad será en base a la lista de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
"Por lo tanto, para que una persona sea declarada en incapacidad va a requerir de un 67 por ciento, cosa que hoy día podían haber distorsiones que no se van a volver a repetir", detalló.
Más temprano un grupo de diputados de la DC propuso que la Fiscalía inicie una investigación y el Gobierno envíe una "ley corta" para hacer frente a las situaciones descritas.
