Ministro de Justicia indicó que aunque se trata de casos avalados se revisará posible "laxitud" en beneficios.
Diputado Cristián Monckeberg comprometió revisión en la Cámara.
El ministro José Antonio Gómez comprometió una investigación.
Luego de los cuestionamientos éticos realizados por la permanencia en funciones de más de 400 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Gendarmería que se mantienen en ejercicio pese a tener condenas judiciales, desde el Gobierno anunciaron una investigación al respecto.
El ministro de Justicia José Antonio Gómez, comentó los antecedentes expuestos por el diario La Tercera, indicando que los 408 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden implicados en delitos de hasta 5 años de condena están amparados por un dictamen de Contraloría y la ley 18.216 para poder desempeñarse.
Sin embargo debido al revuelo causado por la información, comprometió adicionalmente una investigación que analice los casos en cuestión por una posible laxitud en los otorgamientos de beneficios.
"Hemos pedido un informe en relación a los beneficios penitenciarios, cómo se están otorgando y viendo cuál es la fórmula", afirmó.
"Hay beneficios que en nuestra opinión están siendo otorgados con cierta laxitud. Creo que hay que revisarlos y en eso estamos", agregó el ministro.
Dentro de las condenas a funcionarios de las FF.AA. y de Orden en ejercicio figuran cargos por hurto de armamento, manejo en estado de ebriedad, lesiones graves y abuso sexual.
Diputados analizarán el tema
Desde la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, el diputado y vice presidente de Renovación Nacional Cristián Monckeberg declaró que aunque todos tienen derecho a la rehabilitación, es cuestionable si estos funcionarios se mantienen en sus cargos "cuando se trata de uniformados que manejan armas y tienen interacción con la comunidad".
"Todos tienen derecho a la rehabilitación y en el caso de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería llama la atención", sostuvo el parlamentario añadiendo que pedirá los antecedentes al respecto a la instancia legislativa y citar con ello a algunos actores que brinden una explicación pertinente.
La preocupación fue compartida por el abogado vinculado a causas de derechos humanos, Roberto Celedón, quien afirmó que dada la sensisbilidad de algunas áreas sería pertinente "alejar a los implicados desde sus carreras funcionarias".
"No es una noticia positiva este hecho de que hayan 408 funcionarios públicos en puestos de extrema sensibilidad en cuanto lo que es la atención o cuidado de la ciudadanía", dijo el jurista y agregó que "si no hubiesen podido de ingresar a la administración pública, por el hecho de tener antecedentes penales, historiales, debiese ser suficiente para terminar con la relación funcionaria".
En el 2008 la Contraloría General de la República estableció que los funcionarios de las FF.AA. y organismos de Orden y Seguridad que hayan sido condenados pueden continuar desempeñándose en caso que recibiesen condenas que no superen los cinco años.
Sin embargo, la disparidad de criterios con lo ocurrido en el caso de autoridades civiles en gobernaciones, intendencias y subsecretarias, donde por cuestionamientos en base a diferentes antecedentes varios de los designados terminaron fuera de sus cargos ha generado cuestionamientos de tipo ético.
