El Presidente Boric explicó que se busca corregir cadena de mando de las Fuerzas Armadas.
"Esas cosas es importante que queden claras para el esclarecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles", dijo.
Esta tarde, el Presidente Gabriel Boric anunció que el Gobierno ingresó un veto sustitivo a la reforma constitucional, despachada la semana pasada por el Congreso, que faculta a las Fuerzas Armadas a resguardar la infraestructura crítica cuando exista peligro grave o inminente sobre ésta sin necesidad de decretar un estado de excepción constitucional.
Desde la comuna de La Pintana, el Mandatario explicó que la medida busca corregir solo un aspecto de la iniciativa, relacionada a la cadena de mando de las instituciones castrenses durante su eventual aplicación.
"Hay una discusión respecto de los términos. No significa que se vete el proyecto, sino que el proyecto tal como fue aprobado se le hacen algunas modificaciones para mejorarlo", dijo Boric.
El proyecto, presentado en noviembre del 2019 -segundo mes del estallido social- por los senadores de Chile Vamos Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, facilita el despliegue militar para colaborar en tareas de orden público y seguridad interna, sin necesidad de un estado de excepción constitucional que restringe derechos y libertades.
Según afirmó Boric, "había algunas dudas que conversamos con las FF.AA. para la implementación, en caso de que sea necesario, del proyecto de infraestructura crítica, respecto a la cadena de mando. Esas cosas es importante que queden claras para el esclarecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles como esa".
En ese sentido, el jefe de Estado puntualizó que "tiene que ver principalmente con el establecimiento más claro de la cadena de mando. Esa es la principal modificación que se hace. Lo revisamos con la división jurídica ayer y lo conversamos con los fiscales de las FF.AA.".
"Es algo que está trabajado en conjunto, porque cuando trabajamos en conjunto con las FF.AA. es importante que acá haya instancias de colaboración previa y eso fue justamente lo que realizamos para este proyecto en particular", enfatizó.
Boric pidió que "se entienda bien lo que se está haciendo. Se está mejorando un aspecto específico del proyecto y espero que contemos con la buena voluntad del Parlamento para aquello".
En tanto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, comentó que, "en caso de ser acogida (la indicación), vamos a evaluar el uso de este instrumento. De no ser así, tendríamos que evaluar una nueva extensión de un estado de excepción constitucional que, en este caso, lamentablemente debería recaer en Semana Distrital (la discusión de la solicitud en el Congreso)".
Como contraparte, el diputado de Renovación Nacional Jorge Rathgeb opinó que "una cosa no quita a la otra, el estado de excepción y la infraestructura crítica son cosas que pueden convivir en forma paralela, no son excluyentes una de otra".
"A la luz de los hechos, puede ser insuficiente, porque hay sectores que podríamos considerar que no son infraestructura crítica y que podrían quedar hoy día sin el resguardo de lo que significa la seguridad. Me refiero a actividades artesanales o de turismo", añadió.
Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), afirmó que en la instancia existe "la mejor disposición de poner en tabla el contenido del veto, examinarlo cuanto antes y despacharlo a la Sala, ojalá hoy mismo".
La iniciativa de infraestructura crítica pretendía regular un nuevo "estado de alerta". Avanzó entonces a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fue rechazada en segundo trámite en septiembre del 2020, por lo que cayó a comisión mixta. Sin embargo, y pese a las decenas de urgencias ingresadas por el entonces Gobierno de Sebastián Piñera, el proyecto quedó inactivo en la instancia.
Y no fue hasta este año que se reactivó el debate, de mano del actual Ejecutivo de Gabriel Boric, que inicialmente buscaba avanzar en un "estado intermedio" para proteger las rutas del país, específicamente en la Macrozona Sur, aunque sin éxito sobre esa idea, pues terminó recurriendo al estado de excepción constitucional de emergencia.
Pero la reforma sobre la infraextructura crítica siguió su tramitación y, tras la aprobación del informe de la comisión mixta en el Senado, el 12 de julio pasado fue el turno de la Cámara Baja, que visó el texto con amplia mayoría: 97 votos a favor, 17 en contra -principalmente oficialistas- y 28 abstenciones. De esta manera, la reforma finalizó su tramitación en el Congreso y había quedado lista para su promulgación.
La reforma entrega una nueva atribución constitucional al Presidente de la República, que puede decretarla por un período de 60 días, prorrogable con acuerdo del Legislativo. A diferencia del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la Macrozona Sur, que se aplica por períodos de 15 días, y solo los dos primeros pueden ser establecidos por el Mandatario vía decreto, mientras que las siguientes extensiones deben ser solicitadas al Congreso.
