El diputado socialista Leonardo Soto detalló este miércoles en Cooperativa en qué consiste la investigación que está llevando adelante la Cámara Baja sobre posibles pensiones de invalidez otorgadas de manera irregular al interior de las Fuerzas Armadas.
Según revelaba en la víspera La Tercera, Capredena informó a los diputados que, a diciembre de 2015, se estaban pagando 6.169 pensiones por invalidez, que suponen un desembolso anual de 5.249 millones de pesos.
Soto -quien preside la comisión investigadora que indaga las pensiones irregulares en las Fuerzas Armadas y en Gendarmería- explicó a El Diario de Cooperativa que el sentido de las "pensiones de inutilidad o de invalidez" es dar sustento económico "al personal que padece alguna enfermedad invalidante de carácter permanente"; es decir, "que tienen incapacidad para trabajar".
Esto, sin embargo, contrasta con el hecho de que personas pensionadas actualmente por invalidez "se mantienen trabajando (...) en las Fuerzas Armadas y de Orden, y otros en el ámbito público y privado con notables desempeños".
Un caso es el de Patricia Rivera Narváez, quien se jubiló como funcionaria de Capredena en 1998 y actualmente se desempeña como jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, informaba ayer La Tercera. "Hay una contradicción insalvable entre la invalidez y el hecho de seguir desempeñándose laboralmente, incluso en labores muy complejas, como las de una persona que al día de hoy ejerce como jueza de familia", comentó al respecto el diputado Soto.
"Cuestiones extrañas"
"Hay bastantes cuestiones extrañas; entre ellas, por ejemplo, que las pensiones más altas que entregan las Fuerzas Armadas provienen de esta causal de inutilidad. Hay pensiones, por ejemplo, de un general, de 6,8 millones de pesos mensuales y muchas de cinco millones y fracción. Hay incluso una pensión de invalidez de un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Patricio Ríos Ponce, que renunció en 2002, al tercer año de su mandato, por una supuesta vinculación con derechos humanos, teniendo sus plenas capacidades. Sin embargo, aparece pensionado por invalidez con una pensión sobre los cuatro millones de pesos mensuales desde esa fecha hasta el día de hoy. Es decir, hay una disociación entre las causales reales y las pensiones de invalidez que es necesario investigar", subrayó el parlamentario.
El diputado Soto afirmó que en el actual diseño de entrega de las pensiones hay "un espacio indudable para la irregularidad". (Foto: Agencia UNO)
El diputado dijo que también "llama poderosamente la atención" que "casi el 10 por ciento de las pensiones que se otorgan en las Fuerzas Armadas son de invalidez", lo que, a todas luces, "es una cantidad demasiado alta, que permite poner el foco de atención e investigación en ese punto".
"Nadie controla"
Soto explicó que "para poder decretarse la invalidez tiene que operar una Comisión de Sanidad, una comisión médica que hace una evaluación física y sicológica de los postulantes", pero "sus diagnósticos no son controlados por nadie", como ha reconocido la propia Subsecretaría de Fuerzas Armadas.
Además, "muchos de los que postulan a estas pensiones son superiores jerárquicos de los médicos que las otorgan, y ahí hay una influencia que puede favorecer el otorgamiento de pensiones irregulares".
Se crea "un espacio indudable para la irregularidad", resumió.
