La ministra Vivianne Blanlot espera que a mediados del actual período presidencial sean Defensa y Hacienda quienes definan el presupuesto de la FF.AA.
La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, anunció oficialmente que el Ejecutivo intentará cambiar o derogar, si es necesario, la ley Reservada del Cobre, que deriva el 10 por ciento de las ganancias brutas de Codelco a las Fuerzas Armadas.
Blanlot detalló que el proyecto de ley respectivo, que no está redactado aún, llegará al Congreso Nacional aproximadamente en marzo de 2007, para que pueda ser promulgado a mediados de la administración de Michelle Bachelet.
La secretaria de Estado destacó que la idea ya ha sido positivamente evaluada por las distintas ramas de las FF.AA., las que serán parte de la discusión del texto legal.
Vivianne Blanlot explicó que actualmente no se gasta el total de los excedentes del cobre, por lo que se está registrando un ahorro.
De hecho, cifró en 360 millones de dólares los recursos que en el último ejercicio no han sido gastados.
"La postura nuestra es que ya se está haciendo un manejo que el fondo no corresponde, estrictamente, a todas las libertades que podría dar la ley, sino que está restringido a nuestro manejo macroeconómico y con lo que efectivamente consideramos es un gasto adecuado en Defensa; y por lo tanto quedan apozados ahí recursos que perfectamente se pueden usar en otros evento social", expresó la ministra.
Para el Ejecutivo, agregó, el objetivo es que sean los ministerios de Defensa y Hacienda los que, año a año, definan los presupuestos para las instituciones armadas, tal como lo hacen otras secretarías de Estado.
Además, Blanlot ha profundizado en la idea de que el gasto en Defensa debe ser revisable cada cuatro años, de acuerdo a las condiciones macroeconómicas de cada gobierno.
Aunque, desde la década de 1930, el Fisco destina por ley recursos especiales para las FF.AA., el aporte del 10 por ciento de los excedentes de la venta de cobre y otros subproductos de Codelco fue fijada por la dictadura militar.
Además, el régimen de facto estableció que si un año este monto es menor a los 180 millones de dólares, el Estado deberá completar la diferencia hasta este piso, con cargo al presupuesto fiscal. (Cooperativa.cl)
