El presidente de la UDI, Javier Macaya, defendió en Cooperativa la indicación incorporada a las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que establece que uniformados imputados por delitos en el ejercicio de sus funciones sean juzgados por tribunales militares.
Después de que el Gobierno hiciera reserva de constitucionalidad por esta moción, el senador observó en El Diario de Cooperativa que "las mismas personas que han sido sometidas al tratamiento de tribunales ordinarios han manifestado que la poca especialización de ellos, muchas veces lleva a que se juzguen supuestos delitos cometidos por militares o carabineros desde la perspectiva del dolo, de la culpa, de la negligencia en el actuar, como si se tratara de situaciones comunes y corrientes, de delincuentes comunes".
En contraste, argumentó que la justicia militar "tiene una perspectiva de conocimiento, de especialidad en la mirada de los delitos que cometen militares, versus la que puede tener un juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal, que es especializada".
"No se trata de generar privilegios, sino que de generar especialización. Cuando a un carabinero o a una persona de las Fuerzas Armadas se le encomienda defender al Estado de Chile, y tener el monopolio del uso de la fuerza, de las armas (...), evidentemente hay una necesidad de tener una justicia especializada en el comportamiento de estas personas", insistió.
A juicio de Macaya, de seguir con el modelo actual, "es evidente que el resultado, más allá de la legislación que apliquemos, va a tener un problema de sesgo para esas personas".
A la vez, aseguró que si se despacha la norma tal como está, no significa que "vamos a volver a lógicas antiguas, de los 80 o de los 70, del gobierno de Pinochet; se trata de buscar la especialización adecuada para la persecución penal de personas que no son delincuentes comunes, donde tiene que haber una presunción de derecho que les ampare en el uso de la fuerza", porque el sistema ordinario "muchas veces los tiene de manos amarradas".
COMPLEJA TRAMITACIÓN DE LEY CORTA DE ISAPRES
Por otro lado, el también presidente de la comisión mixta de la ley corta de isapres admitió que no puede garantizar el despacho de la norma antes que finalice el plazo el 12 de mayo, "cuando ni siquiera conozco el contenido de las indicaciones" que el Gobierno tiene pendiente presentar.
Si bien hay un acuerdo general en que cumplir el fallo de la Corte Suprema sin esta legislación hará caer a las aseguradoras, Macaya acotó que "si hay una mala ley corta también se produce una caída del sistema", por lo que en el Parlamento "estamos tratando de pedirle al Ejecutivo que logremos consenso en ciertas materias que permitan que no caiga".
A la espera de las enmiendas del Gobierno, incluso afirmó que hubo "poco" trabajo prelegislativo en este tercer trámite de la norma: "Espero que el Ejecutivo presente indicaciones que den sostenibilidad financiera al sistema, y esto no es para salvar a las isapres, sino que la salud de los chilenos", remató.
AVANZAR EN CONSENSOS PREVISIONALES
En cuanto al llamado del Presidente Boric a la Comisión de Trabajo del Senado a aprobar la reforma de pensiones en mayo, el timonel UDI consideró que "es posible si el Ejecutivo deja de insistir en el contenido inadecuado. De eso depende todo".
"Es una falsa dicotomía cuando se plantea que es la oposición la que obstruye, cuando lo único que estamos pidiendo que se aumente la cotización. Creo que ese es el principal acuerdo que hay", por lo que instó a que "partamos por los 3 puntos que van a la cotización individual, hagamos ese gesto, generemos ese consenso; aumentemos la PGU; generemos más competencia al sistema previsional, permitamos la llegada de nuevos actores, y que las AFP no cobren comisiones cuando no tienen rentabilidad".
El senador sostuvo que, acogiendo las propuestas mencionadas, "podría haber acuerdo inmediato y avanzaríamos, pero si el Gobierno insiste en expropiarle a los trabajadores chilenos el fruto de su esfuerzo, de su cotización previsional; si insiste en generar un monopolio estatal que haga que se pierda la libertad de elegir de los trabajadores, por cierto que va a ser mucho más difícil el acuerdo".
En una línea similar, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Iván Morerira (UDI) dijo que "como no vemos por parte del Gobierno una decisión de enviar indicaciones no podemos votar a ciegas la reforma previsional o la idea de legislar. Por supuesto que hay presiones del Gobierno, pero nosotros no vamos a aprobar unidad de legislar cuando el proyecto es tremendamente dañino parar todos los jubilados de Chile".
Por parte del oficialismo, el senador Gastón Saavedra (PS) afirmó que "el llamado del Presidente debe ser escuchado por la Comisión del Trabajo del Senado, fundamentalmente por la mayoría que es de derecha y que es de oposición. Cuando se es mayoría se trabaja para votar y aprobar proyectos que satisfacen las demandas de la población".
"Hoy tenemos dos millones y medio de chilenos que tienen malas pensiones y que están esperanzados en que la mayoría del Senado va a votar a favor de la ley de reforma de pensiones, son sus votos los que le darán un bienestar a la población. Tanto el llamado también a ellos a que se allanen a desarrollar un proceso legislativo que nos permita tener mejores pensiones para los chilenos", agregó el legislador.
