Siete años lleva esperando en el Congreso el proyecto que busca degradar a ex militares condenados por violación a los derechos humanos, lo que se traduciría en una baja a sus pensiones, las que –actualmente- llegan hasta los 3,2 millones de pesos.
La primera iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados el 8 de julio de 2010 y la última tramitación el 8 de septiembre de ese mismo año; el segundo proyecto ingresó al Senado el 11 de agosto de 2015, instancia en que la DC y la senadora PS Isabel Allende aprovecharon para pedirle urgencia, pero la solicitud no fue acogida.
El diputado PPD Tucapel Jiménez, uno de los autores del proyecto que está en la Cámara, indicó a La Tercera que "este proyecto ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, hay colegas que los hacen cambiar de comisiones y ahí los hacen morir", indicó el parlamentario junto con enfatizar en que se necesita darle urgencia a la moción.
Por contraparte, su par DC Sergio Ojeda señaló que "creo que tiene que seguir su curso normal. Además, hoy hay tanto proyecto con urgencia que le veo difícil que tenga cabida".
En tanto, la senadora y presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe indicó que está "en absoluto desacuerdo con degradar a los militares. Creo que detrás de estas personas hay familias y el castigo es privarlos de libertad. Pero si ellos trabajaron su vida en el Ejército, más allá de la causa que están purgando, me parece que es un ensañamiento judicial quitarles ese derecho".
Actualmente, los militares condenados tienen pensiones de 1,6 millones de pesos en promedio, jubilaciones que -de aprobarse la ley- se mantendrían pues no sería retroactiva.
