El Gobierno salió al paso de las críticas de la oposición respecto a un acuerdo con el sector público que establece la justificación obligatoria de eventuales despidos.
La medida, que forma parte de la discusión sobre el reajuste anual, ha sido calificada por algunos como un "amarre" para asegurar puestos a operadores políticos. No obstante, desde el Ejecutivo se defiende como una protección a la carrera pública y una respuesta a demandas gremiales.
La controversia surge de una normativa que considera establecer que los eventuales despidos deberán sí o sí ser justificados. El "efecto inmediato" de esta medida es limitar las desvinculaciones que podría pretender la futura administración de José Antonio Kast, lo que ha generado preocupación en la oposición.
"Yo he participado en muchas discusiones de leyes de Presupuesto y leyes de reajuste y nunca había visto una norma de estas características", dijo hoy el exministro Claudio Alvarado, encargado del traspaso de mando por parte del equipo del Presidente electo, quien señaló que "es legítimo que un Gobierno tenga personas de su exclusiva confianza, pero ese Gobierno no puede pretender que en una nueva administración esas personas sigan siendo de la confianza del Gobierno. Es un poquito ilógico".
Por parte de La Moneda, la ministra Segpres, Macarena Lobos, descartó la lógica de "amarres" y planteó que la crítica parece más "discurso de campaña que de un Gobierno electo", intentando despolitizar el debate.
El Ministro Álvaro Elizalde asegura que la propuesta que exige justificar despidos proviene de una petición expresa de las organizaciones de trabajadores del sector público. (FOTO: ATON)
En un esfuerzo por clarificar las responsabilidades, el su par del Trabajo, Giorgio Boccardo, aseguró que "quienes son de confianza política tienen el deber de renunciar el próximo 11 de marzo", estableciendo una línea divisoria clara.
En una línea similar, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue enfático al señalar que "todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo", aunque también aclaró que es una "cuestión distinta respecto de las personas que han sido contratadas, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores y que desempeñan funciones permanentes del Estado".
Asimismo, indicó que "a petición de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público, se planteó esta propuesta, que establece que en casos de desvinculación se justifique la decisión". Esta medida busca, primordialmente, "proteger la carrera pública".
Finalmente, ante las quejas del propio oficialismo sobre la falta de socialización del acuerdo, el Ejecutivo, nuevamente a través de Elizalde, respondió escuetamente que "el acuerdo es público", intentando cerrar el debate sobre la transparencia.
Siguen los cuestionamientos de oposición
Pese a las explicaciones del Gobierno, partidos como Renovación Nacional y la UDI han calificado la medida de "amarre" y "sinvergüenzura", interpretándolo como un intento de blindar a operadores políticos ante el inminente cambio de administración.
"Es vergonzoso que el gobierno quiera dejar a sus operadores políticos y a los más cercanos en el gobierno de José Antonio Kast. Ellos tienen que entender que la gente quiere que este gobierno y quienes trabajaron en él se vayan. Por lo menos, hacer caso a la voluntad popular es algo que uno pudiera esperar de este gobierno de izquierda", afirmó el diputado Frank Sauerbaum (Renovación Nacional).
La bancada de la UDI anuncia su intención de recurrir al Tribunal Constitucional si el gobierno logra aprobar estas normas, elevando la disputa a la esfera judicial. (FOTO: ATON)
Mientras que su par Henry Leal (UDI) acusó que "lo que está haciendo el gobierno es una sinvergüenzura. Es un proyecto de ley que encierra corrupción. Acá no se está legislando para los chilenos, se está legislando para ellos mismos, para sus amigos, para sus cercanos. Esto es inédito".
"En el Congreso no van a tener apoyo en este proyecto de ley. Ninguna posibilidad", adelantó el parlamentario.
La oposición no se ha limitado a la crítica verbal. La bancada de la UDI anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional si es que el Gobierno logra aprobar estas normas.
Presidente de la Comisión de Trabajo: "Hablar de una supuesta ley de amarres es irresponsable"
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, el diputado frenteamplista Andrés Giordano, señaló que "confundir deliberadamente ambos planos para hablar de una supuesta ley de amarres es falso y profundamente irresponsable".
"Más grave aún", agregó el legislador, "es calificar anticipadamente una ley que ni siquiera se conoce, llegando a hablar de corrupción institucionalizada. Ese tipo de declaraciones no solo desinforman, sino que además empobrecen el debate democrático".
