Seis abogados, que fueron desvinculados de la División Jurídica del Ministerio del Interior apenas 18 días después de que asumiera el Gobierno de Gabriel Boric, presentaron una demanda por tutela laboral contra el Estado este jueves, en la que acusan acoso laboral y discriminación política.
La acción fue presentada por Carlos Flores, ex coordinador del área penal que estuvo más de 17 años en esa repartición, y los ex miembros de su equipo, que desempeñaba un rol técnico: Sofía Hamilton, Ignacio Zúñiga, Débora Muñoz, Gabriel Arias y Ramón García. De acuerdo a La Tercera PM, esta será notificada pronto al Consejo de Defensa del Estado, que representará al Gobierno durante el juicio.
Uno de los episodios que relatan en el libelo para retratar lo denunciado es que mientras aún elaboraban querellas, se presentaban a audiencias telemáticas y pedían carpetas de investigación a las fiscalías, su jefa, Camila Barros -que fue desvinculada de la misma división en la Administración anterior-, entrevistaba en la misma oficina que compartían a quienes luego los reemplazarían, lo que según ellos, está prohibido por ley.
"Los días siguientes estuvieron marcados por la distancia con la nueva jefatura, de quien no recibimos ni instrucciones directas –sino por intermedio del Whatsapp– ni saludos, ni asignación de nuevos trabajos", sostiene la demanda, conformada por algunos funcionarios que incluso trabajaron en los gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera.
Los denunciantes estiman que el que presentaran querellas contra los presos del estallido social, así como en causas relacionadas con el conflicto en la Macrozona Sur durante el Gobierno anterior, les valió su salida abrupta los últimos días de marzo, resaltando "las críticas políticas manifestadas por las nuevas autoridades a la estrategia judicial ejecutada" en ese periodo, reparos expresados por, entre otros, el propio Presidente Boric en sus tiempos como diputado.
En ese sentido, argumentan que ellos no tomaban las decisiones de querellarse o no, tampoco de invocar -por ejemplo- la Ley de Seguridad del Estado, ya que esas eran atribuciones de la autoridad política, al tiempo que ratifican que durante los despidos masivos en el área "se excluyó de su trabajo a personas en razón de las opiniones políticas del empleador".
A su juicio, esto "constituye una desigualdad de trato en el empleo y por ende una discriminación, ya que el trabajo desarrollado por los actores es una prestación de servicios que perfectamente puede ser realizada por personas que trabajaron bajo las órdenes y estrategias judiciales de un Gobierno distinto, dado que no hay nada que nos haya impedido ejecutar las nuevas instrucciones, como por lo demás quedó demostrado con el inmediato retiro de las querellas que los mismos actores realizamos el primer día de asumidas las nuevas autoridades".
DESPIDOS "CAPRICHOSOS"
"Los elementos aportados permiten concluir que, pese a que los actores fueron oportunamente seleccionados para su ingreso y, en su caso, promovidos en función de su desempeño, y contaban además con un sistema de control permanente de su gestión por medio de informes mensuales de actividades, así como mediante la renovación anual de sus contratos, igualmente se les despidió sin entregárseles ningún motivo", continúa la denuncia.
También estiman que el momento elegido para su despido "no puede sino ser considerado caprichoso, desde que ese período es a todas luces insuficiente para evaluar el desempeño de cualquier persona. Todo lo anterior demuestra que el despido de los actores debe ser calificado, en un primer orden de consideraciones, como innecesario, desproporcionado e inidóneo a la luz de sus competencias". Por lo demás, una decisión que abarque esta cantidad de funcionarios no se ha replicado, hasta el momento, en ninguna otra repartición de La Moneda.
Los ex abogados de Interior también hacen hincapié en la existencia de serios indicios de lo acusado, "desde las opiniones ventiladas por la prensa, los compromisos del Gobierno, la presión de organizaciones civiles y familiares de los involucrados (presos del estallido), y la anunciada primera medida del Gobierno entrante para el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, la que fue calificada como el primer 'gesto' a los presos del estallido".
En razón de estos antecedentes es que argumentan que detrás de sus despidos está una discriminación por motivaciones de índole política: "Lo anterior, se refuerza porque no resulta lógico y es contrario a la experiencia, que se despida a seis profesionales abogados de una misma área, sin ninguna explicación, en el contexto temporal y circunstancias ya latamente expuestas", reafirma la demanda.
Por ello, piden a la Justicia acoger la denuncia e implementar las más altas medidas reparatorias y/o multas establecidas en la ley establece, con el fin de "inhibir este tipo de conductas y evitar que la alternancia en el poder, en el contexto de un régimen democrático, vaya asociado al despido masivo de trabajadores, como en este caso".
